11. Con base en lo anterior, las peticionarias alegan que el Estado violó, en perjuicio de la presunta víctima, los derechos consagrados en los artículos 4, 8, 24 y 25 de la Convención Americana en conexión con el artículo 1.1 de dicho tratado. Asimismo, sostienen que por el contexto en el cual habrían ocurrido las alegadas violaciones, también podría considerarse la comisión de un delito de lesa humanidad de conformidad con lo previsto por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En ese sentido, refieren que durante el período del golpe de Estado, se habrían registrado 23 muertes violentas en la comunidad LGBTI “siendo la mayor frecuencia de asesinatos cometidos en un semestre en contra de transexuales y homosexuales en Honduras”. En consecuencia, sostienen que se trataría de “conductas sistemáticas y generalizadas, perpetradas con especial intensidad a partir del golpe de Estado”. B. Posición del Estado 12. De acuerdo al Estado, la petición debe ser declarada inadmisible en vista de que, en cumplimiento de su obligación de investigar la muerte de Vicky Hernández Castillo, ha realizado a la fecha esfuerzos sustanciales encaminados a la búsqueda de la verdad. No obstante, considera que el proceso se ha prolongado y dilatado en virtud de que el caso es complejo, siendo los hechos calificados como de “elevada lesividad y a los que se imponen penas más severas”. 13. En particular, el Estado describe varias diligencias de investigación realizadas con el objetivo de individualizar a los responsables. Agrega que en la investigación preliminar se tomó la declaración de la madre de la presunta víctima, Rosa Hernández, quien adujo que el día 27 de junio de 2009 “la víctima llegó en horas de la mañana y le pidió 100 Lempiras, después de ese momento no lo volvió a ver”, y que posteriormente informó en su declaración a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) que “su hijo le había contado que había otra persona travesti que no recuerda el nombre, el cual lo había asaltado y después lo amenazaba diciéndole que si lo volvía a ver lo mataría”. El Estado señala que posteriormente se realizaron varias llamadas a un amigo de la víctima, a un Ministerio religioso y a un Colectivo de un barrio de la ciudad pero todos los teléfonos estaban sin servicio por lo que se imposibilitó la ubicación de los mismos para poder tomarles declaración. 14. El Estado destaca que la falta de testigos en el lugar de los hechos ha imposibilitado el esclarecimiento de los hechos y la identificación de los responsables que dieron muerte a la presunta víctima, a pesar de lo cual la investigación continúa. En este sentido alega que ha dado cumplimiento cabal a sus obligaciones de protección y garantía de los derechos humanos de Vicky Hernández Castillo, al realizar diversas diligencias de investigación en la búsqueda de la verdad, cumpliendo con todos los requisitos de las leyes sustantivas y procesales penales. En particular, respecto al dictamen de autopsia, señala que en diciembre de 2015 este se encontraba agregado al expediente investigativo. 15. En cuanto al agotamiento de los recursos de jurisdicción interna, el Estado argumenta que la legislación contempla recursos eficaces, idóneos y necesarios para resolver el caso. Asimismo, señala que la acción persecutoria penal no se encuentra prescrita por lo que aún se tiene la posibilidad de tutelar a la víctima a través de los recursos internos. 16. En conclusión, el Estado sostiene que, en función de la falta de agotamiento de los recursos, la petición es inadmisible y solicita a la CIDH que así lo declare. IV. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA Y ADMISIBILIDAD A. Competencia 17. Las peticionarias se encuentran facultadas, en principio, por los artículos 44 de la Convención Americana y 23 del Reglamento para presentar peticiones ante la Comisión. La petición señala como presunta víctima a una persona individual, respecto de quien el Estado de Honduras se comprometió a respetar y garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana. En lo concerniente al Estado, la Comisión señala que Honduras es un Estado parte en la Convención Americana desde el 8 de septiembre de 1977, fecha 3