-1752.
Ante la gravedad de lo que estaba sucediendo, los dirigentes sindicales de
SINTRACOLCARBUROS, SUTIMAC Nare y SUTIMAC Caracolí hicieron varios llamados en abril de
1987 al entonces gobernador de Antioquia, Antonio Yepes Parra, para “que se ponga término a la
ola de violencia [y se pongan] en práctica las medidas de protección a la dirigencia sindical”.
53.
Según el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre 1986 y 1988 la gran mayoría de los
miembros de SUTIMAC fueron asesinados, desaparecidos o desplazados por grupos paramilitares,
específicamente del grupo “MAS”, que tenían vínculos con unidades militares acantonadas en la
región, por lo que el sindicato fue casi desterrado del municipio de Puerto Nare 53.
54.
Entre 1987 y 1989 la Central Unitaria de Trabajadores
informaron al Presidente de la República, al Procurador de la Nación,
Ministra de Justicia, sobre “la ola de terror y violencia” de que
trabajadores de las empresas Cementos del Nare y Colombiana de
Víctor Manuel Isaza Uribe54.
(CUT) y FENALTRACONCEM
al Ministro de Gobierno y a la
estaban siendo víctimas los
Carburo, entre ellos el señor
B. DESAPARICIÓN DE VÍCTOR MANUEL ISAZA URIBE
55.
El señor Víctor Manuel Isaza Uribe tenía 33 años de edad al momento de su desaparición,
era esposo de Carmenza Vélez y padre de Jhony Alexander y Haner Alexis Isaza Vélez.
paramilitar MAS a escasos metros de la estación de policía de La Sierra. Cfr. Huellas y Rostros de la Desaparición forzada (1970-2010), supra
(exp. prueba, folios 5569 a 5574).
Cfr. Huellas y Rostros de la Desaparición Forzada (1970-2010) (exp. prueba, folios 5553 a 5600). Además de los ya citados, los
asesinatos y/o desapariciones referidos son: Carlos Arturo Salazar y Darío Gómez, sindicalistas de Cementos Nare y militantes de la UP el 19 de
enero de 1988; Jesús Emilio Monsalver Mesa, sindicalista de la seccional Nare de Sutimac y militante de la UP el 24 de enero de 1988; Juan de
Jesús Grisales Urrego, miembro de Sutimac y celador de la empresa el 3 de febrero de 1988; Héctor Julio Mejía, dirigente sindical de Sutimac
Nare, el 8 de febrero de 1988; Jesús Anibal Parra Castrillón, directivo de Sutimac Nare, el 28 de marzo de 1988; León de Jesús Cardona Isaza,
presidente nacional de Sutimac y miembro de Fenaltraconcem y de la UP, el 30 de agosto de 1988; José Manuel Herrera, integrante del comité
de organización del sindicato de Cementos Nare, afiliado a Sutimac, el 4 de septiembre de 1988; Carlos Alfonso Tobón Zapata, miembro de
Sutimac, el 28 de enero de 1989; Juan Rivera, operario de la empresa Colcarburos y vicepresidente de Sutimac el 12 de agosto de 1989; y Luis
E. Durán, trabajador afiliado a Sutimac, el 29 de septiembre de 1989. Además, ver notas de prensa “Investigarán desaparición de dos líderes en
Puerto Nare” publicada por El Colombiano el 25 de enero de 1988; y “En el último año murieron asesinados 32 sindicalistas” publicada por El
Colombiano el 1 de mayo de 1987, (exp. prueba folio. 87). Ver también: Organización Internacional del Trabajo, Informe provisional - Informe
núm. 259, Noviembre 1988, Denuncia 613, “La CUT, la CIOSL, la CMOPE y la FSM han informado de los siguientes asesinatos: […] Jesús Antonio
Molina, directivo del SUTIMAC, asesinado el 9 de marzo de 1987 en Puerto Nare por sicarios”, disponible en:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:50002:0::NO::P50002_COMPLAINT_TEXT_ID:2901664 .
53
En estas comunicaciones se presentó un listado de los asesinatos y desapariciones ocurridos en el Magdalena Medio, a partir de
diciembre de 1986. La CUT y la FENALTRACONCEM informaron al Alcalde, al Gobernador, a las autoridades militares y policiales y a las
autoridades nacionales; señalaron que “los integrantes de un grupo paramilitar de aproximadamente 30 personas, denominado ‘Autodefensa
Popular’, continúan sembrando el terror y la incertidumbre”; y solicitaron el cese de la política criminal contra los trabajadores y la investigación
de los hechos, así como el retiro de las patrullas del Ejército que se encontraban acantonadas en Puerto Nare y “Montañitas”, del departamento
de Antioquia. Cfr. Cartas dirigidas a diversas autoridades. (exp. prueba, ff. 89 a 98). En declaración pública de 19 de enero de 1989, el comité
ejecutivo de la FENALTRACONCEM denunciaba que: “La guerra sucia que los portadores de la doctrina de la ‘seguridad nacional’ ha desatado
contra nuestros pueblos es la ofensiva de sectores derechistas y reaccionarios expresada en una respuesta criminal contra el proceso de
participación popular… ha sido puesta en práctica contra gente inerme con fines políticos, para atemorizar a la población, impedir sus luchas y
destruir sus organizaciones sociales. La ola criminal desatada en la región del Nare fue dirigida contra la militancia de la Unión Patriótica para
impedir su presencia en e l consejo municipal de Puerto Nare […] cuyos ediles fueron asesinados y otros desterrados, el único “delito” que
cometieron fue el de defender con ahínco los derechos de los pobladores del corregimiento La Sierra […] no es casual que los integrantes de la
denominada “Autodefensa popular” se paseen orondos por la calle de la sierra portando armas de corto y largo alcance en presencia de la policía”.
El 22 de septiembre de 1988 los sindicalistas de Sutimac que sobrevivieron gracias al exilio de la región denunciaron, en el periódico Voz, las
alianzas entre patronos, altos mandos militares y el MAS en la cadena de asesinatos en esta región; que comandantes del ejército y la policía
andaban junto con los paramilitares: “en muchas regiones de puerto Berrio andan (…) con el comandante de la catorce brigada o en la base
militar de Calderón o en la alcaldía de Puerto Boyacá (…) lamentablemente a quien denuncia lo mandan al cementerio. ¿Quién delata a los
testigos? El mismo juez promiscuo de Puerto Nare, el señor Manuel García y los mismos comandantes de la policía y el ejército (…) Esa es la
gotera por la que todo se escapa rumbo a los asesinos”. Citado en la versión escrita del perito Yepes (exp. prueba folio. 7175).
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