En segundo lugar, la Comisión consideró que el artículo 57, 21), 2º de la Constitución que protege la intangibilidad del territorio de los PIAV es, en principio, consistente con el nivel de protección internacional que requieren los PIAV. Sin embargo, consideró que dicha protección se ve disminuida por el artículo 407 de la Constitución que establece la posibilidad de realizar actividades extractivas de recursos no renovables y explotación forestal en territorios intangibles con base en una declaratoria de “interés nacional”. Al respecto, la Comisión estableció que, tomando en consideración el principio de no contacto y el de autodeterminación de los PIAV, no es posible intervenir sus territorios para aprovechamiento económico cuando ello pueda entrar en tensión con la salvaguarda de su subsistencia. La Comisión observó al respecto que, si bien en el proceso de autorización de dos proyectos de explotación minera la ZITT fue mantenida como intangible, la delimitación de la ZITT no fue consistente con el territorio ancestralmente ocupado por los PIAV. La Comisión concluyó que la protección legal de la intangibilidad no fue efectiva y que, en su aplicación al caso concreto, dicha normativa no logró garantizar que cualquier restricción a la propiedad de los PIAV fuera compatible con los estándares aplicables. En tercer lugar, la Comisión determinó que la determinación de la zona intangible no es una figura jurídica que cumpla con las condiciones de un título de pleno dominio en relación con el acceso, control, la reivindicación y el uso del territorio y sus recursos, así como la protección contra todo posible contacto del Estado y de terceros. En este escenario, se ha llevado a intervenciones ilegales de colonos y madereros. Ello, en violación a la obligación estatal de garantizar el derecho de los pueblos indígenas de controlar efectivamente y tener el dominio y uso de su territorio sin ningún tipo de interferencia de terceros. Por último, la Comisión identificó la existencia de una asimetría respecto de la protección de la propiedad de los PIAV en relación con la protección y promoción de las iniciativas de uso de sus territorios para fines económicos a través de la extracción de sus recursos. Asimismo, la Comisión constató la existencia de indicios de presiones ejercidas por empresas para que la protección del territorio PIAV disminuya, lo cual ha generado contactos y propiciado conflictos que no han sido debidamente prevenidos por parte del Estado. Respecto a las muertes violentas de miembros de los pueblos Tagaeri y Taromenane ocurridas en 2003, 2006 y 2013, la Comisión observó que los tres eventos son el resultado de contactos entre terceras personas y los PIAV, debido a la mencionada falta de garantías efectivas para impedir el acceso de terceros al territorio. En su Informe de Fondo la Comisión determinó que el Estado conocía la situación de riesgo real e inmediato, pero no adoptó medidas razonables para evitar que el mismo se verificara. Por lo tanto, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la falta de prevención de dichas muertes. Por otra parte, la Comisión se pronunció respecto de la separación de su comunidad de dos niñas pertenecientes a un PIAV, tras la ocurrencia de la muerte violenta de sus padres y de otras personas en el contexto de los hechos ya mencionados. La Comisión consideró, en primer lugar, que la separación forzada de una persona indígena en aislamiento voluntario y su consecuente permanencia en una sociedad diferente a la suya es de una gravedad máxima dado que resulta en una pérdida irreparable de su condición de aislamiento, motivo por el cual dicha situación activa un estándar reforzado del Estado. En tal sentido, la Comisión concluyó que el Estado ecuatoriano es responsable por la falta de prevención de la separación forzada de las niñas Taromenane, lo que produjo un riesgo para su vida y la vulneración de sus derechos a la integridad personal, a la libertad personal, a la protección a la familia, de la niñez, a la circulación y residencia, a la identidad cultural y derechos culturales. Por último, la Comisión observó que el Estado no demostró qué recurso existente en su legislación contaba con la capacidad de producir el resultado de cuestionar la designación de la ZITT en relación con las características exigidas por la Convención Americana para proteger los derechos de los PIAV. Frente a la creación de una reserva natural que coincide en parte con el territorio de los PIAV, la Comisión consideró que no resultó claro la naturaleza jurídica de dicho territorio ni las implicaciones particulares que la protección del mismo debió tener al momento de la creación de una reserva natural, particularmente cuando la misma resultaría susceptible de ser explotada económicamente. Producto de lo anterior, la Comisión concluyó que los recursos interpuestos resultaron poco claros en su idoneidad para tratar la situación particular de los PIAV, lo que explica que la parte peticionaria haya activado varias jurisdicciones. 2

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