INFORME Nº 24/05 1
PETICIÓN 282/04
ADMISIBILIDAD
ANA MARÍA RUGGERI COVA, PERKINS ROCHA CONTRERAS
Y JUAN CARLOS APITZ BARBERA
VENEZUELA
8 de marzo de 2005
I.

RESUMEN

1. El 6 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante "la
Comisión" o “CIDH”), recibió una denuncia presentada por Ana María Ruggeri Cova, Perkins
Rocha Contreras y Juan Carlos Apitz Barbera (en adelante los peticionarios) asistidos por el Dr.
Héctor Faúndez Ledesma (en adelante “el representante de los peticionarios”), en la cual se
alega la responsabilidad internacional de la República Bolivariana de Venezuela (en adelante el
Estado venezolano o "el Estado") por la destitución de los peticionarios de sus cargos de
Magistrados de la Corte Primera en lo Contencioso Administrativo (en adelante la “Corte
Primera”). Los peticionarios alegan que los hechos denunciados configuran violaciones a varias
disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la "Convención
Americana"): derecho a las garantías judiciales (artículo 8); a los derechos políticos (artículo
23); igualdad ante la ley (artículo 24), protección judicial (artículo 25), y derechos que derivan
de la forma democrática representativa de gobierno (artículo 29 c) en concordancia con la
obligación general prevista en el artículo 1(1) y el deber previsto en el artículo 2 del citado
instrumento.
2. Los peticionarios alegaron que la petición cumplía con los requisitos de admisibilidad
establecidos en la Convención Americana. Los peticionarios adujeron que en el presente caso
obraba una causal de excepción al agotamiento por retardo judicial injustificado dado que la
resolución a los recursos por ellos interpuestos excedieron los plazos establecidos por la ley
venezolana. Adicionalmente, aducen que la destitución de la cual fueron objeto fue dispuesta
por un órgano sin competencia en la materia, carente de independencia y sin permitírseles el
derecho a la defensa.
3. En su respuesta el Estado solicitó que la petición fuera declarada inadmisible. Argumentó
con este propósito que los peticionarios fueron destituidos de sus cargos de Magistrados de la
Corte Primera por causal de haber “incurrido en grave error inexcusable, según lo establecido
en sentencia de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 3 de
junio de 2003”. Indica que en conformidad con el ordinal 4 del artículo 40 de la Ley de Carrera
Judicial, la Inspectoría General de Tribunales (en adelante “Inspectoría General” o
“Inspectoría”) concluyó que los Magistrados antes señalados debían ser destituidos. Señala el
Estado que el proceso de destitución fue realizado en apego a las reglas que garantizan el
debido proceso y el derecho a la defensa.
4. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluyó que era competente para
decidir sobre el reclamo presentado por las presuntas víctimas, y que el caso era admisible a la
luz de los artículos 46 y 47 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión decidió
notificar a las partes y hacer público el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su
Informe Anual.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

5. El 6 de abril de 2004 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una
denuncia presentada por los Dres. Ana María Ruggeri Cova, Perkins Rocha Contreras y Juan
Carlos Apitz Barbera contra el Estado venezolano. La Comisión radicó la petición bajo el
1 El Comisionado Freddy Gutiérrez, de nacionalidad venezolana, no participó en las deliberaciones y la votación sobre
el presente informe, de conformidad con el artículo 17(2)(a) del Reglamento de la Comisión.

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