III. POSICIÓN DE LAS PARTES A. Posición de los peticionarios 8. A título de contexto, los peticionarios indicaron que una de las principales causas de violaciones del derecho a la vida en Venezuela es la práctica de detenciones ilegales y arbitrarias, seguidas de ejecuciones extrajudiciales y del uso excesivo e indiscriminado de la fuerza, atribuible a las policías regionales. Indicaron que el patrón característico de las muertes violentas por "ajusticiamiento" se caracteriza por ser cometidas por fuerzas policiales en perjuicio de hombres jóvenes con un alto número de menores de 18 años, pertenecientes a estratos bajos, con un modus operandi establecido y un alto grado de impunidad. 9. Señalaron que en el marco de este fenómeno, que ya en 1988 se presentaba en Venezuela de manera sistemática, el Estado Aragua es señalado como uno de los estados en donde se comete el mayor número de ajusticiamientos por parte de los organismos de seguridad, particularmente del Cuerpo Policial de Seguridad y Orden Público. 10. Según indicaron, el modus operandi mencionado incluye los siguientes elementos: "a) presentación, por los cuerpos de policía, del hecho como un enfrentamiento, lo que incluye, en la mayoría de los casos, la alteración del lugar del hecho, el traslado de la víctima herida por los propios agentes que la han agredido y su abandono - la mayoría de las veces sin vida – en los hospitales públicos, sin dejar información de lo sucedido; b) uso de uniformes y/o de armamento y equipos oficiales (entre ellos, vehículos); c) descalificación pública de la víctima (o criminalización de la misma), señalándola como una persona que ha resistido a la autoridad o que tiene antecedentes penales y/o policiales; d) intimidación, amenaza e incluso asesinato de los testigos del hecho y de familiares de la víctima". Alegaron que a estos elementos se suma la impunidad en la que permanecen la mayoría de estos hechos. 11. Como antecedentes de los hechos, los peticionarios señalaron que la familia Landaeta Mejías había sido objeto de acoso, intimidación y amenazas por parte de funcionarios del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua. Particularmente narraron un allanamiento a su vivienda sin orden judicial y una amenaza de muerte a la presunta víctima y a su hermano Igmar Alexander Landaeta Mejías. 12. Indicaron que la madre de la presunta víctima acudió al Cuerpo Técnico de Policía Judicial a denunciar estos hechos y que allí se le informó que la denuncia no procedía pues “no se podía actuar contra funcionarios policiales”. Señalaron que el 17 de noviembre de 1996, agentes del Cuerpo de Seguridad y Orden Público del Estado Aragua asesinaron a Igmar Alexander, hermano de Eduardo José Landaeta Mejías 13. Sobre los hechos de la presente petición, señalaron que el 29 de diciembre de 1996 aproximadamente a las 9 am, Eduardo José Landaeta, que para ese entonces tenía 17 años de edad, fue detenido en la calle por una comisión policial del Estado Aragua en la ciudad de Maracay, capital de dicho Estado. Indicaron que la presunta víctima fue llevada a una comisaría de la misma ciudad cuyos funcionarios no le informaron a los padres del menor sobre su detención. 14. Según los peticionarios, aproximadamente a las 4:30 pm Eduardo José Landaeta logró comunicarse telefónicamente con su padre, Ignacio Landaeta Muñoz a quien le informó sobre la detención y le solicitó que le llevara 30.000 bolívares que le estaban pidiendo para ponerlo en libertad. Señalaron que cuando el señor Ignacio Landaeta acudió a la Comisaría, le informaron que su hijo no podía ser puesto en libertad dado que el Comando Central de la Policía Estadual se había enterado de su detención. 15. Los peticionarios indicaron que el señor Ignacio Landaeta Muñoz solicitó tanto a una funcionaria de la Comisaría, como a un Sargento de guardia, que cuidaran de su hijo dado que era menor de edad y había sido amenazado recientemente. Señalaron que el mismo día, aproximadamente a las 7:30 de la noche, la madre de la presunta víctima se dirigió al sitio de detención y cuando estaba esperando recibir información sobre los motivos de la detención de su hijo, se presentaron dos funcionarios policiales en un vehículo marca Toyota, modelo 2