20 hija y una sobrina de la señora Mery Naranjo que se encontraban dentro de la casa. Según los representantes, los policías de turno en el puesto fijo frente a la residencia de la beneficiaria, “no dieron aviso a sus superiores ni solicitaron refuerzos”, por lo cual la beneficiaria habría tenido que llamar a la policía a través del sistema de atención general de urgencias de la Policía Nacional. Asimismo, indicaron que esta situación se habría presentado en otra oportunidad generando la “respuesta por parte de los grupos armados ilegales”, por lo que en la casa de la beneficiaria Mery Naranjo hay varios impactos de bala, “sin que a la fecha hay[a] resultados concretos en la investigación que se adelanta”. e. El 21 de mayo de 2010 la beneficiaria María del Socorro Mosquera Londoño habría sido ofendida y golpeada por miembros de la Policía, al intentar defender a unos jóvenes que aquéllos estaban hostigando de manera arbitraria e ilegal. Resaltaron que la señora Mosquera Londoño logró comunicarse con el enlace de la policía asignado a ella “después de un largo tiempo” y que a pesar de ello, “no recibió ningún tipo de ayuda por parte de las fuerzas armadas y [que] actualmente, no se adelanta[ba] ninguna investigación por estos graves hechos”. f. El 25 de agosto de 2010 se dio una grave situación en contra del orden público, que puso en especial peligro a las beneficiarias Mery Naranjo y María del Socorro Mosquera. Indicaron que “más de 20 hombres vestidos de civil, portando armas de fuego, armas blancas y palos, ingresaron en compañía de 3 agentes de la policía a [la] vivienda [de la señora Mery Naranjo], gritando que buscaban armas”; mientras que el puesto de vigilancia y control de la policía en su residencia “estaba solo, facilitando el allanamiento ilegal”. Agregaron que de estos hechos se dio cuenta ese mismo día a las autoridades nacionales y al Comandante de la Estación de Policía. g. Además, hicieron “un breve recuento” de los hechos que desencadenaron la grave situación de orden público que vive desde hace varios meses la Comuna 13 de Medellín. Indicaron que existe una situación general de violaciones a los derechos humanos en la Comuna donde residen los beneficiarios, producto del establecimiento definitivo de los paramilitares en gran parte de la ciudad, del “fracaso del proceso de desmovilización, desarme y reinserción”, y de la operación de pandillas, bandas o combos de delincuencia. Todo ello “contribu[ye] al entendimiento del contexto en el que viven las [beneficiarias] y la repercusión que [éste] tiene para su situación de vulnerabilidad y riesgo” como mediadoras del conflicto, denunciantes de las irregularidades y líderes en la defensa de los derechos humanos en la Comuna. h. Por último, indicaron que el 3 de noviembre de 2010, en horas de la mañana en el barrio de residencia de los beneficiarios un grupo de policías del sector “agredieron física y verbalmente al niño Lubin Alfonso Villa Mosquera y a Marlon Daniel Herrera Mosquera, nieto e hijo de la señora Socorro Mosquera”. De acuerdo a los representantes, los policías tenían “tapada su identificación” y les causaron heridas en el cuerpo “con patadas y golpes con un aparato metálico”, los amenazaron de muerte y los acusaron infundadamente de portar armas. 66. Al respecto, el Estado informó que la Policía Nacional “ha desplegado toda su capacidad” con el fin de proteger a los beneficiarios y “en ningún momento, el accionar de la Fuerza Pública ha puesto en peligro [su] vida e integridad”. En particular, con respecto a los hechos alegados por los representantes, indicó: a. Con respecto a los hechos alegados por la beneficiaria Mery Naranjo como ocurridos en abril de 2010 (supra Considerando 65.d), el Estado indicó que la Policía Nacional no había tenido conocimiento de disparos hechos por ninguno de sus funcionarios en esa jurisdicción y que sus uniformados están debidamente entrenados para dar un uso adecuado a las armas de fuego. Además indicó que el funcionario denunciado por la beneficiaria Mery Naranjo había informado que no había realizado tales disparos. No obstante lo anterior, señaló que se decidió trasladar a dicho funcionario a otra unidad “con el fin de no generar