6 las afueras del mercado de Texcoco, Estado de México, lo que dio lugar a bloqueos de carreteras. Durante el enfrentamiento, 11 policías municipales y 6 civiles resultaron heridos, 207 civiles fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. 29. Con motivo de los hechos, sostiene que se iniciaron investigaciones ante la Procuraduría General de la República y la Procuraduría del Estado de México. Según el Estado, a nivel federal, las investigaciones estuvieron a cargo de la FEVIM, que realizó 350 diligencias, entre declaraciones y ratificaciones de denuncias de las presuntas víctimas, dictámenes médicospsicológicos, entre otros. Asimismo, manifiesta que se realizaron diligencias para determinar la presunta comisión del delito de tortura. Debido a que se determinó la probable responsabilidad de agentes estatales del ámbito local, el 15 de julio de 2009 se remitió a la Procuraduría del Estado de México, la totalidad de las constancias que conformaban la averiguación PGR/FEVIM/03/05 -2006 y se acumuló en una misma averiguación en el fuero estatal (TOL/DR/I/466/2006). Esta averiguación en el fuero estatal fue abierta para investigar la probable comisión del delito de abuso de autoridad que pudiera ser atribuible a agentes del Estado. Paralelamente, la Procuraduría del Estado de México había dado inicio a otra averiguación TOL/DR/I/470 /2006 en contra de quienes resulten responsables por los hechos ocurridos los días 3 y 4 de mayo en Texcoco y San Salvador Atenco, que fue también acumulada a la averiguación TOL/DR/I/466/2006 por tratarse de hechos relacionados entre sí. 30. El Estado indica que se han desahogado diversas diligencias pero la complejidad del asunto ha retrasado el proceso penal. Asimismo, debido a falta de elementos para determinar la responsabilidad penal, la autoridad ministerial estatal acordó la reserva de la investigación el 8 de marzo de 2007. Posteriormente, señala que el 11 de febrero de 2008, el agente del Ministerio Público habilitado para integrar las averiguaciones previas derivadas de los hechos ocurridos en Texcoco y San Salvador de Atenco volvió a acordar la reserva. El 1 de junio de 2010, se presentó un estudio jurídico de la indagatoria por la Dirección General de Visitadurías, en el que se ordenó su inmediata reapertura. Para ello se determinó sacar de la reserva la investigación reactivando el proceso penal, a fin de esclarecer la participación de los responsables. A partir de la reactivación, la Procuraduría del Estado de México ha tomado las declaraciones de 25 de los 30 elementos policíacos que iban en los tres autobuses donde se reportaron posibles abusos sexuales. Asimismo, detalla una serie de diligencias que se han sugerido practicar para avanzar en las investigaciones. 31. En cuanto al proceso penal instaurado contra un policía estatal por su probable responsabilidad por el delito de actos libidinosos en agravio de Ana María Velasco Rodríguez, informa que culminó con una sentencia absolutoria emitida por la Segunda Sala Unitaria Penal del H. Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. 32. Igualmente se instauró un proceso penal contra diversos funcionarios estatales por su probable responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad en agravio de la administración pública (causa penal 59/2006). En este caso, sostiene que el 27 de noviembre de 2009 se declaró cerrada la instrucción y posteriormente (sin indicar fecha) se dictó sentencia absolutoria por falta de certeza jurídica respecto de la presunta comisión de los delitos imputados. 33. Según el Estado, no se ha obstaculizado la participación de los peticionarios en el proceso penal. Indica que si bien los peticionarios coadyuvaron en las investigaciones no siempre han colaborado. Específicamente, refiere a la negativa de algunas presuntas víctimas a someterse a la práctica del Dictamen psicológico para casos de posible tortura en aplicación del Protocolo de Estambul, lo que ha contribuido al retraso de las investigaciones. 34. Asimismo, manifiesta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en uso de sus facultades de investigación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizaron invest igaciones con la finalidad de determinar posibles violaciones a los derechos humanos. Respecto de la investigación de la Suprema Corte, indica que se concluyó que existieron violaciones a la garantías