que se les haya realizado una “determinación individualizada de la necesidad y
proporcionalidad de dicha privación de libertad”, y que de las estaciones “que son llevadas sin
libre decisión hacia la otra frontera”. Por otra parte, si bien “valora[ron] positivamente que la
comunidad de Bajo Chiquito ha dispuesto un viaje diario gratuito para aquellas personas que
no pueden costear ‘el peaje al piragüero’”, estimaron que “exigir el pago de su transporte a las
ERMs alargaría su detención en Bajo Chiquito y las expone a situaciones de riesgo ante la
necesidad de reunir el dinero para su traslado” 63. Aunado a ello, manifestaron que “las barreras
idiomáticas […] continúan”, especialmente “frente a la prestación de servicios médicos”. En la
audiencia de marzo de 2022, las representantes indicaron que, luego de la visita en terreno,
“observa[ron] una importante mejora en la infraestructura” de las ERMs. Sin embargo,
consideraron que en San Vicente “existe un alto riesgo de hacinamiento”, debido a la capacidad
máxima del lugar y a la cantidad de personas que han ingresado mensualmente por la selva
del Darién64. Asimismo, alegaron que “los espacios de vivienda de San Vicente no cuentan con
la ventilación necesaria”. En consecuencia, estimaron que el Estado “no ha cumplido con los
requerimientos observados”. Además, en su escrito de 20 de mayo de 2022 se refirieron a una
desmejora de condiciones en la ERM de San Vicente.
20.
En cuanto a las medidas para proveer alimentos, agua e implementos sanitarios para
evitar el contagio de COVID-19, reconocieron el esfuerzo del Estado “en proveer la
infraestructura necesaria a las ERM de San Vicente y Lajas Blancas a fin de garantizar el acceso
a agua e implementos sanitarios”. Sin embargo, estimaron que la información brindada “no
permite establecer si dichas medidas son suficientes para responder al flujo migratorio
existente”, y alegaron que según ciertos reportes de organizaciones internacionales aún
persistían problemáticas relacionadas con este punto65. Asimismo, manifestaron que suponen
que “las acciones como el tamizaje nutricional son esporádicas y que los casos de desnutrición
no tienen un seguimiento efectivo”, y que “de la información existente es imposible determinar
si [el servicio de alimentación contratado por el Estado] es suficiente para garantizar las
necesidades nutricionales existentes”. Por ello, consideraron que “el Estado no ha cumplido
integralmente con las medidas ordenadas por la Corte [y] manifesta[ron su] preocupación por
la falta de información sobre un plan de contingencia por la temporada de sequía en el Darién,
y la falta de suministro de agua e implementos de higiene que se registran en las ERMs y en
Bajo Chiquito”66. Por otra parte, alegaron que “el Estado no ha demostrado las medidas que
ha adoptado para [evitar] la xenofobia y discriminación”.
Las representantes señalaron que, según la IFRC, “aquellas personas que no tienen dinero para pagar su
traslado a las otras ERMs pueden tardar entre [uno] a [tres] días en conseguir la cantidad requerida […]. Lo anterior
no solo ha generado que existan en algunos momentos hacinamiento en Lajas Blancas, si no también, ha permitido
que se registren casos de sexo transaccional. Esta última práctica, particularmente, causa que las mujeres, niñas,
niños y adolescentes migrantes se encuentren ante un especial riesgo de ser víctimas de diferentes manifestaciones
de la violencia basada en el género”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021.
64
Las representantes alegaron en la audiencia privada que más de 4000 personas han ingresado mensualmente
por la selva del Darién, mientras que la capacidad de la ERM de San Vicente es de 400 personas máximo.
65
Al respecto, alegaron que “un reporte de Médicos Sin Fronteras de agosto de 2021 recoge que ‘las quejas por
comida o techo inadecuados o por falta de agua y duchas o por falta de mecanismos para comunicar con las familias,
son constantes’”, mientras que según el último informe de la IFRC, al mes de noviembre de 2021, en las ERMs de San
Vicente y Lajas Blancas, así como en Bajo Chiquito persistían las siguientes problemáticas: “i) las duchas, baños y
zonas de lavados son insuficientes, y su mantenimiento ha sido descuidado; ii) no existen señales visuales que permita
a todas las personas migrantes entender las medidas de higiene personal recomendadas e identificar fácilmente los
lugares creados […] para este fin[;] iii) existen interrupciones del suministro de agua potable, las plantas en las ERMs
no tienen capacidad suficiente para suministrar agua potable a todas las personas […] y no existen otras fuentes para
acceder a agua potable[,] y iv) no hay suficientes implementos sanitarios de protección y las medidas de limpieza en
las instalaciones son esporádicas”. Cfr. Escritos de observaciones de las representantes de 13 de octubre y 17 de
diciembre de 2021.
66
Sobre la disponibilidad de agua, las representantes señalaron que la IFRC “manifestó su preocupación sobre
el suministro de agua potable en los próximos meses, esto en razón a que se espera una temporada de sequía en la
zona del Darién”. Cfr. Escrito de observaciones de las representantes de 17 de diciembre de 2021.
63
13