INFORME No. 150/10
PETICIONES 157-99 – JOSÉ CASTRO BALLENA, MARÍA GRACIA BARRIGA ORÉ Y OTRAS
12.214 – CARLOS ALBERTO CANALES HUAPAYA
ADMISIBILIDAD
PERÚ
1 de noviembre de 2010
I.

RESUMEN

1. El presente informe se refiere a dos peticiones interpuestas en representación de José
Castro Ballena, María Gracia Barriga Oré, Luz Angélica Soria Cañas y Dusnara Amelia Campos
Ramírez (P 157-99) 1 y Carlos Alberto Canales Huapaya (P 12.214) 2 [en adelante también “las
presuntas víctimas”], en las cuales se alega la violación por parte de la República del Perú (en
adelante también "Perú", "el Estado" o "el Estado peruano") de derechos consagrados en la
Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante también “la Convención
Americana” o “la Convención”). Los peticionarios afirmaron que las presuntas víctimas fueron
destituidas de sus cargos como funcionarias del Congreso, por medio de decretos leyes y
resoluciones administrativas emitidas a partir de abril de 1992, en un contexto de ruptura del
orden democrático-constitucional. Se indica que esos ceses vulneraron las garantías de un
debido proceso administrativo y otros derechos protegidos en la normativa constitucional. Se
aduce que las presuntas víctimas formularon acciones de amparo con el propósito de ser
reincorporadas, las cuales fueron desestimadas en decisiones firmes del Tribunal
Constitucional. Los peticionarios alegaron que si bien el Estado peruano viene otorgando
beneficios a los trabajadores cesados irregularmente durante la presidencia de Alberto
Fujimori, ello no sería suficiente para reparar los daños materiales y morales de los que
habrían sido objeto las presuntas víctimas a raíz de la pérdida arbitraria de sus trabajos.
2. El Estado alegó que a partir del 2001 se han dictado leyes y decretos supremos dirigidos a
revisar los ceses colectivos irregulares entre los años 1992 y 1993. Sostuvo que los
trabajadores perjudicados por esos ceses están facultados a participar en un Programa
Extraordinario de Acceso a Beneficios. Afirmó que dos presuntas víctimas en la petición 157-99
se han adherido al beneficio de compensación económica, mientras que las presuntas víctimas
restantes habrían retomado vínculo laboral con el Congreso de la República. Argumentó que
estas circunstancias implican la sustracción de la materia de la petición 157-99, y solicitó que
la CIDH proceda a archivarla a la luz del artículo 48.1.b) de la Convención. Por último, alegó
que los hechos narrados en las dos peticiones no tienden a caracterizar una vulneración a la
Convención Americana y solicitó que la CIDH las declare inadmisibles de conformidad con el
artículo 47.b) del mismo instrumento.
3. Tras analizar la posición de las partes, la Comisión concluyó que es competente para
conocer las peticiones y que las mismas son admisibles por la presunta violación de los
derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de la Convención Americana en relación con las
obligaciones establecidas en los artículos 1.1 y 2 del mismo instrumento. Por otro lado,
concluyó que los reclamos formulados en la petición 157-99 a favor de las presuntas víctimas
Luz Angélica Soria Cañas y Dusnara Amelia Campos Ramírez son inadmisibles, en virtud del
artículo 47.b) de la Convención. La CIDH decidió acumular las dos peticiones y tramitarlas de
forma conjunta en la etapa de fondo bajo el número de caso 12.214, el cual cobija a las
presuntas víctimas José Castro Ballena, María Gracia Barriga Oré y Carlos Alberto Canales
Huapaya. Finalmente, la Comisión decidió notificar el presente Informe de Admisibilidad a las
partes, hacerlo público e incluirlo en su Informe Anual.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. La petición 157-99 fue recibida por la CIDH el 5 de abril de 1999 y el 16 de enero de 2001 y
31 de julio de 2002 el peticionario presentó información adicional. El 29 de abril de 2003 se
transmitió las partes pertinentes de esa documentación al Estado y se le otorgó un plazo de
1 Presentada el 5 de abril de 1999 por Jos�� Castro Ballena.
2 Presentada el 20 de septiembre de 1999 en nombre propio.

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