89 234. Por otra parte, este Tribunal recuerda que ya consideró, en el Caso Radilla Pacheco, reiterado en los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, que no es necesario ordenar la modificación del contenido normativo que regula el artículo 13 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En cambio, como ha sido declarado en el Capítulo IX de esta Sentencia, el artículo 57 del Código de Justicia Militar es incompatible con la Convención Americana (supra párr. 206). En consecuencia, la Corte reitera al Estado su obligación de adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar la citada disposición con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana, de conformidad con lo establecido en esta Sentencia344. 235. Finalmente, de acuerdo con lo establecido en el Capítulo IX de este Fallo, los señores Cabrera y Montiel no contaron con un recurso adecuado y efectivo a través del cual fuera posible impugnar la intervención de la jurisdicción militar en el proceso seguido por aquellos contra los alegados actos de tortura en su contra (supra párr. 204). En consecuencia, como se estableció en los Casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú, México debe adoptar, también en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para permitir que las personas que se vean afectadas por la intervención del fuero militar cuenten con un recurso efectivo para impugnar su competencia345. ii) Adecuación del derecho interno a los estándares internacionales en materia de tortura 236. La Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado “que adopte medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra índole, con el objeto de adecuar la legislación y las prácticas mexicanas a los estándares interamericanos en materia de tortura”. Por su parte, los representantes llamaron la atención sobre la omisión de la tipificación del delito de tortura en el estado de Guerrero, lo que según ellos “constituye una violación flagrante al párrafo segundo del artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura”. Al respecto, la Corte concluyó en párrafos anteriores (supra párr. 207) que los alegatos presentados sobre este tema no configuraban una violación del artículo 2 de la Convención Americana, razón por la cual no procede ordenar una reparación sobre el particular. iii) Adopción de un mecanismo de registro de detenidos público y accesible 237. La Comisión solicitó la “adop[ción de] las medidas necesarias a fin de asegurar la presentación sin demora de toda persona detenida ante un juez u otro funcionario con la autoridad suficiente para controlar la legalidad de la detención”. 238. Los representantes solicitaron “la creación de un registro de detenidos público, accesible e inmediato”, en todos los sitios “donde las personas a quienes se imputa un delito son detenidas antes de ser presentadas ante el juez competente”. Dicho registro debería especificar el nombre del servidor público a cargo de la investigación; pues si bien reconocieron la actual existencia de registros de detención, también señalaron que “éstos en 344 Cfr. Caso Radilla Pacheco vs. México, supra nota 302, párrs. 341 y 342; Caso Fernández Ortega y otros. vs. México, supra nota 39, párrs. 238 y 239, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 30, párrs. 221 y 222. 345 Cfr. Caso Fernández Ortega y otros vs. México, supra nota 39, párr. 240, y Caso Rosendo Cantú y otra vs. México, supra nota 30, párr. 223.