12 delinquir; una por instigación al terrorismo, y una por secuestro con fines terroristas. Todas las investigaciones se encuentran en la etapa previa. La Unidad Seccional de Fiscalías de Antioquía y Medellín y la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales del Circuito Especializado señalaron que, una vez revisados los libros radicadores y de asignación, no se encontró investigación alguna por los hechos presuntamente ocurridos en el área de jurisdicción de esas Fiscalías, donde se registran como víctimas los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó, y e) la verificación de la siembra de palma africana no es parte de las medidas provisionales. Sin embargo, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (INCODER) coordinó la visita de verificación a las cuencas de los ríos Curbaradó y Jiguamiandó entre el 25 de octubre de 2004 y el 1 de noviembre de 2004. 14. El escrito de observaciones presentado por los representantes el 10 de noviembre de 2004, en el cual señalaron, inter alia, que: a) se han producido nuevos hechos, entre los que están: el 29 de septiembre de 2004 miembros del Consejo Comunitario que se encontraban en el sitio conocido como La Grande, para la venta y compra de productos, fueron rodeados mientras dormían por unidades militares del Batallón Fluvial del Ejército Nacional, quienes los hicieron despertarse e interrogaron a uno de los miembros. Los militares señalaron a los integrantes del Consejo Comunitario como guerrilleros y, debido al acoso militar de que eran objeto, se vieron obligados a regresar en la madrugada a las zonas humanitarias. El 12 de octubre de 2004 un grupo de miembros de las Comunidades que se movilizaba en una embarcación fue abordado por unidades de la Infantería de Marina en La Grande. El señor Richard Antonio Guaraona, integrante del Consejo Comunitario, fue interrogado respecto de su presunta participación en la guerrilla. Al día siguiente, dicho señor fue trasladado por militares a la cancha de fútbol del pueblo de La Grande, donde fue nuevamente interrogado. Al día siguiente, los señores Cristobal Cuadrado, Erasmo Cuadrado y Luis Sierra fueron interrogados. El 7 de noviembre de 2004, después de la verificación de siembra de palma africana, los representantes recibieron información en cuanto a que grupos paramilitares estarían preparando un operativo en contra de los miembros de las Comunidades en las tres zonas humanitarias, y b) urge que el Estado adopte medidas preventivas de tipo civil y militar que respeten y protejan las zonas humanitarias ante la amenaza de incursión paramilitar. Las acciones militares del Estado deben tener como objetivo las bases paramilitares y no las poblaciones civiles de la región. Es inexistente la respuesta estatal a las medidas provisionales, ya que los miembros de las Comunidades siguen expuestos a riesgos y los canales de interlocución han sido inhabilitados. Asimismo, solicitaron a la Corte la realización de una audiencia pública en este caso. 15. El escrito de observaciones adicionales presentado por los representantes el 11 de noviembre de 2004, en el cual aclararon, respecto del informe del Estado de 10 de noviembre de 2004 (supra Visto 13), que a los miembros de las Comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó no se les ha comunicado de las reuniones de seguimiento que señaló el Estado, ni han participado en ellas. En cuanto a las brigadas de salud