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INFORME No. 177/10
CASO 10.720
FONDO
MASACRES DE “EL MOZOTE” Y LUGARES ALEDAÑOS
EL SALVADOR1
3 de noviembre de 2010

b)

RESUMEN

1.
El 30 de octubre de 1990 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(en adelante “la Comisión Interamericana”, “la Comisión” o “la CIDH”) recibió una denuncia
presentada por la Oficina de Tutela Legal del Arzobispado de San Salvador2 (en adelante “los
peticionarios”), por la violación de varias disposiciones de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (en adelante “la Convención Americana”, “la Convención” o “la CADH”)
por parte de la República de El Salvador (en adelante "el Estado salvadoreño", “el Estado” o
“El Salvador”). Los peticionarios alegaron una serie de ejecuciones extrajudiciales masivas
ocurridas los días 11, 12 y 13 de diciembre de 1981 en el caserío de El Mozote y otros
lugares aledaños en la jurisdicción de Meanguera, departamento de Morazán, todo en el
contexto del conflicto armado vigente en el Estado salvadoreño para esa fecha. Asimismo,
alegaron que estos hechos se encuentran en la impunidad por la falta de investigación diligente
y por la aplicación de la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz.
2.
Por su parte, el Estado de El Salvador alegó que en el contexto del conflicto
armado desplegó todos los esfuerzos a su alcance para proteger a la población civil así como
para brindarle la ayuda humanitaria necesaria sin distinción. Argumentó que las víctimas
presentaron la denuncia varios años después de los hechos, lo que dificultó la obtención de
resultados en las investigaciones. Según el Estado, las autoridades judiciales realizaron las
diligencias que consideraron pertinentes y aplicaron de manera razonable la Ley de Amnistía
General para la Consolidación de la Paz, la que calificó como “base de la reconciliación
nacional”. Mencionó que en octubre de 2000 la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia declaró que dicha ley no era inconstitucional per se y, en tal sentido, queda al
arbitrio de cada juez aplicarla o no. Alegó que si bien a raíz de las exhumaciones realizadas
con posterioridad se obtuvo mayor evidencia, la misma es meramente indiciaria y no permite
la identificación de los responsables.
3.
Tras analizar la posición de las partes, la Comisión Interamericana concluyó
que el Estado de El Salvador es responsable por la violación de los derechos a la vida,
integridad personal, libertad personal, vida privada y familiar, derechos del niño, propiedad
privada, libertad de circulación y residencia, garantías judiciales y protección judicial,
consagrados en los artículos 4, 5, 7, 11, 19, 21, 22, 8 y 25 de la Convención Americana en
relación con las obligaciones establecidas en el artículo 1.1 y 2 del mismo instrumento, así
como de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la
Tortura, y del artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y
Erradicar la Violencia contra la Mujer.
c)

TRÁMITE ANTE LA CIDH

1

Conforme a lo dispuesto en el artículo 17.2 del Reglamento de la Comisión, la Comisionada María Silvia
Guillén, de nacionalidad salvadoreña, no participó en el debate ni en la decisión del presente informe.
2
La organización Centro por la Justicia y el Derecho Internacional se constituyó en co-peticionaria en una
etapa posterior.

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