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I
INTRODUCCIÓN DE LA CAUSA Y OBJETO DE LA CONTROVERSIA
1.
El 25 de julio de 2008, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 61 de la
Convención Americana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante “la
Comisión Interamericana” o “la Comisión”) sometió a la Corte una demanda contra la
República Bolivariana de Venezuela (en adelante “el Estado” o “Venezuela”). La demanda se
originó en la petición presentada el 23 de mayo de 2005 ante la Comisión Interamericana
por el señor Héctor Faúndez Ledesma, a la que después se sumaría el Impact Litigation
Project de Washington College of Law (WCL) de American University (en adelante “los
representantes”)3. El 15 de marzo de 2006 la Comisión declaró admisible el caso mediante
el Informe No. 36/06 y el 14 de marzo de 2008 aprobó, en los términos del artículo 50 de la
Convención, el Informe de Fondo No. 24/08, que contenía determinadas recomendaciones
para el Estado4. Considerando que el plazo otorgado al Estado para dar cumplimiento a tales
recomendaciones había transcurrido sin que el Estado presentara información que denotase
un cumplimiento satisfactorio de éstas, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción
de la Corte, en los términos de los artículos 51.1 de la Convención y 44 del Reglamento de
la Comisión. La Comisión designó como delegados a los señores Paulo Sergio Pinheiro,
Comisionado, y Santiago A. Canton, Secretario Ejecutivo, y como asesoras legales a la
señora Elizabeth Abi-Mershed, Secretaria Ejecutiva Adjunta, y a las señoras Verónica
Gómez, Débora Benchoam y Lilly Ching, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la
Comisión.
2.
En la demanda la Comisión se refirió a la supuesta “interposición de un proceso penal
ante el fuero militar por el delito de Injuria a la Fuerza Armada Nacional, en perjuicio del
General Retirado Francisco Usón Ramírez […], y la posterior condena a cumplir una pena
privativa de la libertad de cinco años y seis meses, como consecuencia de ciertas
[supuestas] declaraciones que el señor Usón emitió durante una entrevista televisiva sobre
hechos que [alegadamente] eran tema de controversia y debate público en ese momento”.
3.
La Comisión solicitó a la Corte que declare que el Estado ha incurrido en la violación
de los derechos reconocidos en los artículos 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión), 7
(Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la
Convención Americana, en conexión con los artículos 1.1 (Obligación de Respetar los
Derechos) y 2 (Deber de Adoptar Disposiciones de Derecho Interno) de la misma, en
perjuicio del señor Francisco Usón Ramírez. Como consecuencia de lo anteriormente
expuesto, la Comisión solicitó a la Corte que, de conformidad con el artículo 63.1 de la
Convención Americana, ordene al Estado la adopción de determinadas medidas de
reparación.

3
El 23 de enero de 2007 el Impact Litigation Project de Washington College of Law (WCL) de American
University remitió un escrito, mediante el cual solicitó a la Comisión que se le incorporara como co-peticionario en
el presente caso.
4

En el informe de fondo No. 24/08, la Comisión concluyó que “el Estado venezolano violó los derechos a la
libertad de pensamiento y de expresión, a la libertad personal, a las garantías y protección judiciales, previstos en
los artículos 13, 7, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en conexión con los artículos 1.1
y 2 de la misma, en perjuicio [del señor Francisco Usón Ramírez]”. Por tanto, la Comisión recomendó que el
Estado “1) […] adopte todas las medidas judiciales, administrativas y de cualquier otra índole necesarias para dejar
sin efecto alguno […] todo el proceso penal militar instruido […] contra [el señor Usón Ramírez] y sus sentencias,
incluyendo la supresión de los antecedentes penales del registro correspondiente y todas sus implicaciones de
cualquier índole; 2) […] otorgue una reparación adecuada al señor Francisco Usón Ramírez por la violación de sus
derechos; 3) […] tome todas las medidas necesarias para que el señor Francisco Usón Ramírez le sea concedida la
libertad definitiva sin condicionamientos, y 4) […] adecue su ordenamiento jurídico de conformidad a los artículos
13, 7 y 8 de la Convención Americana, de conformidad con lo establecido en el […] informe”.

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