Penitenciarios”, dirigido a 25 instructores del Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria en Derechos Humanos, el cual “se replicó en 1.300 aspirantes al cuerpo”. Añadió que se planificaba “institucionaliza[r]” dicho curso “a través de una resolución” durante el primer semestre de 2023. El Estado no aportó los planes de estudio o documentación de respaldo respecto de estos dos cursos. 20. En cuanto a la capacitación de agentes del Ministerio Público, en 2019 indicó que se encontraba trabajando en una hoja de ruta para comenzar a implementarlas de forma permanente 20. En escritos posteriores y en la audiencia de 2022, se refirió a distintas capacitaciones llevadas a cabo por la Fiscalía General del Estado entre 2019 y 2021 21, y destacó la “convocatoria que está pronta a realizarse para diciembre [de 2022] desde la Fiscalía General del Estado, en la que se capacitará a 1500 funcionarios, entre fiscales, secretarios, asistentes y servidores administrativos”. En su escrito de febrero de 2023, el Estado no precisó si se había llevado a cabo ni aportó la documentación de respaldo respecto de los contenidos del curso 22. 21. Al respecto, los representantes hicieron notar, tanto en sus escritos como en la audiencia de 2022, que la información brindada por el Estado no permite constatar si se trata de cursos aislados o de un programa de formación permanente. Objetaron que dicha información varía “sustancialmente en cuanto a la cobertura de la capacitación al interior de la institución”, y “es tan limitada que es difícil o imposible evaluar la calidad del temario, contenidos y enfoque pedagógico de los cursos”. Además, señalaron que las capacitaciones realizadas por el Estado no han contado con la participación de la sociedad civil, tal como fue ordenado en la Sentencia 23. 22. La Comisión valoró los esfuerzos realizados por el Estado “para procurar algún tipo de avance para el cumplimiento”; sin embargo, consideró que “aún es necesario que el Estado realice esfuerzos adicionales y presente información detallada para cumplir con esta reparación”. En este sentido, hizo notar que la información aportada aún no permite acreditar de manera clara cuál es el contenido de las capacitaciones, y manifestó “la importancia de que el Estado demuestre que las capacitaciones tienen un enfoque diferenciado para las personas que trabajan con grupos específicos de personas privadas de libertad, como mujeres, personas mayores, personas con discapacidad y personas migrantes entre otros”. Destacó que “durante el proceso de supervisión no ha resultado posible determinar con claridad cuántas de las personas capacitadas actualmente se encuentran en posiciones o trabajos en los que tengan contacto con personas privadas de libertad”, y consideró que “la información aportada por el Estado no permite acreditar la permanencia y grado de institucionalidad de las capacitaciones realizadas al personal del Ministerio Público y del rubro de la salud”. Cfr. Informe estatal de 9 de octubre de 2019. En la audiencia de 2022, el Ecuador indicó que en 2019 se había capacitado a 229 funcionarios de la Fiscalía General del Estado en “derechos humanos, trata de personas y tráfico de migrantes, uso de la fuerza en el marco de derechos humanos”. Refirió que en 2020 se capacitó a “a fiscales, secretarios y servidores administrativos” sobre “actualización del derecho procesal interamericano de derechos humanos para servidores de entidades públicas detección y documentación de las secuelas físicas y psicológicas de la tortura en el marco del Protocolo de Estambul”. Añadió que en 2021 la Fiscalía General del Estado impartió capacitaciones “sobre prohibición de la tortura y uso progresivo de la fuerza, medidas de reparación y nuevamente detección y documentación de secuelas en el marco del Protocolo de Estambul”. Dicha información fue reiterada el escrito de febrero de 2023. 22 En su escrito de 15 de febrero de 2023, el Estado adjuntó una tabla con las “acciones de coordinación interinstitucional para dar cumplimiento a las capacitaciones determinadas por la Corte”, en la cual se indica que en diciembre de 2022 “[s]e convocará (sic) aproximadamente a 1500 funcionarios” de la Fiscalía General del Estado. 23 Cfr. Escritos de observaciones de los representantes de 11 de noviembre de 2019; 28 de mayo de 2021; 2 de diciembre de 2021; 4 de octubre de 2022, y 9 de enero de 2023. 20 21 -9-