VOTO CONCURRENTE DEL JUEZ DE ROUX RENGIFO
Debo, en primer lugar, poner de presente ciertas consideraciones que guardan
relación con lo planteado por la sentencia que antecede sobre las violaciones de la
Convención Americana en que incurrió el Estado del Perú al someter a cuatro civiles las víctimas del presente caso- a la justicia penal militar.
El preámbulo de la Convención Americana comienza haciendo referencia a las
instituciones democráticas, como marco general del régimen de libertades y
derechos que busca consolidar la propia Convención. El artículo 29.c) de la misma
establece, por otra parte, que ninguna de sus disposiciones puede ser interpretada
en un sentido que permita “excluir [...] derechos o garantías [...] que se derivan de
la forma democrática representativa de gobierno”. Estas previsiones (y quizá
también la contenida en el artículo 32.2, sobre la sujeción de los derechos de toda
persona a las exigencias propias del bien común en una sociedad democrática)
expresan un compromiso de la Convención con la democracia política representativa
que va más allá de lo que podría colegirse del mero artículo 23, referente a los
derechos políticos del individuo (votar y ser elegido, etc.).
Todo esto conduce a la constatación de que la Convención Americana establece tres
esquemas normativos de protección: en primer lugar, el que obra en los artículos
referentes a los distintos derechos amparados (artículos 3 a 25); en segundo lugar,
el plasmado en los artículos 1.1 y 2, que consagran el deber de respetar y garantizar
dichos derechos y el de adoptar las disposiciones y medidas internas que sean
necesarias para tales fines; y en tercer lugar, el que, de acuerdo con lo planteado en
el párrafo anterior, vincula de alguna manera la protección de los correspondientes
derechos a un entorno de democracia política.
Pues bien: la atribución a los tribunales militares de la facultad de juzgar civiles
representa para comenzar una ruptura con el principio democrático de la división de
poderes *, porque trae a la órbita gubernamental una función propia de otra rama del
poder público, la judicial. De contera, en la situación sometida al examen de la Corte
esa ruptura se ha efectuado bajo una modalidad particular, especialmente
censurable, la que consiste en asignar a la institución que encarna la quintaesencia
del poder ejecutivo y coercitivo del Estado, la delicada tarea de recoger pruebas
sobre determinados hechos, apreciar el peso de las mismas y valorar, a luz de un
determinado cuerpo de normas, lo que resulte probado, para deducir los efectos que
correspondan en derecho. Esto implica ya de suyo colocar un segmento de la
actividad estatal por fuera de los cánones de la moderna democracia política pero
comporta, además, el riesgo de afectar nocivamente la estructura y el
funcionamiento de porciones más amplias de la institucionalidad democrática.
El tema de la vinculación de la protección de los derechos humanos a un contexto
político e institucional democrático tendría, sin embargo, que ser objeto de desarrollo
jurisprudencial antes de que pudieran emitirse condenas específicas de violación de
la Convención Americana por motivos relacionados con dicha vinculación. Entre
tanto, la Corte ha basado sus reproches a la aplicación de la justicia militar a los
civiles en el sólido terreno que proporciona el artículo 8.1 de la Convención. No creo
que pueda formularse reparo alguno por ello.
*
No es pertinente ocuparse, en el estrecho marco de este escrito, de la relación consustancial que existe
entre lo que la Convención denomina “instituciones democráticas” y el principio de la división de poderes.