15 manifestado terminantemente en el sentido de la abolición definitiva de todas las penas corporales, de las cuales la pena de muerte constituye un resquicio o residuo histórico 53. III. Epílogo: Pacta Sunt Servanda. 38. El hecho de que Trinidad y Tobago denunció la Convención Americana sobre Derechos Humanos e ya no es Parte en la misma no podría ser invocado por el Estado demandado para evadirse de deber de dar fiel cumplimiento a la presente Sentencia de la Corte Interamericana. En el caso D.R. Thomas y H. Hilaire (recurso n. 60, de 1998), el Judicial Committee of the Privy Council decidió con acierto (el 27.01.1999), inter alia, que, con la ratificación de la Convención Americana, que "dispone sobre el acceso individual a un órgano internacional", Trinidad y Tobago "made that process for the time being part of the domestic criminal justice system and thereby temporarily at least extended the scope of the due process clause in the Constitution" 54. Y, - prosiguió el Judicial Committee of the Privy Council, - con su denuncia de la Convención Americana, Trinidad y Tobago "is entitled to curtail such rights of access or prescribe conditions for their exercise for the future. But (...) section 4(a) of the Constitution prevents the Government from doing so retrospectively so as to affect existing applications" 55. 39. O sea, los derechos protegidos por la Convención Americana, cuya violación fue establecida por la Corte Interamericana en la presente Sentencia sobre el fondo y reparaciones en el caso Hilaire, Constantine y Benjamin, en nada son afectados por la denuncia de la Convención Americana efectuada por Trinidad y Tobago. Desde la perspectiva de un tribunal internacional de derechos humanos como la Corte Interamericana, ésto ocurre no sólo en virtud de que así lo reconoce correctamente el Judicial Committee of the Privy Council (el argumento de la autoridad), sino también porque es lo que se desprende de lo dispuesto en la Convención Americana y de un principio general del derecho internacional (la autoridad del argumento). 40. En todo caso, la cuestión previa de la competencia de la Corte Interamericana quedó definitivamente resuelta por sus Sentencias sobre Excepciones Preliminares (del 01.09.2001) en los casos Hilaire, Constantine y Benjamin (que en seguida pasaron a tramitar conjuntamente). En aquellas Sentencias, la Corte, haciendo uso de una facultad que le es inherente (por un imperativo de seguridad jurídica), determinó el alcance de su propia competencia y, preservando la integridad del mecanismo de protección de la Convención Americana, retuvo jurisdicción sobre el presente caso 56. El Estado demandado encuéntrase, por lo tanto, vinculado (pacta sunt servanda) por lo decidido por la Corte en la presente Sentencia en cuanto al fondo del caso y las reparaciones. 53 . Cf. ibid., pp. 390 y 411. 54 . Privy Council Office/Judicial Committee, Privy Council Appeal n. 60 of 1998 - D.R. Thomas and H. Hilaire (Trinidad and Tobago), Decision of 27.01.1999, p. 12. 55 . Ibid., pp. 12-13. 56 . Con base en las disposiciones aplicables de la Convención Americana (artículos 62(3) y 78(2)).