69 efectivas (principio del effet utile). Esto significa que el Estado ha de adoptar todas las medidas para que lo establecido en la Convención sea efectivamente cumplido en su ordenamiento jurídico interno, tal como lo requiere el artículo 2 de la Convención. Dichas medidas sólo son efectivas cuando el Estado adapta su actuación a la normativa de protección de la Convención 156. 214. En coherencia con lo señalado, estima la Corte que el Estado debe tramitar de nuevo los procedimientos penales correspondientes a los delitos que se imputan a las víctimas del presente Caso, aplicando en los nuevos juicios de Haniff Hilaire, George Constantine, Wenceslaus James, Denny Baptiste, Clarence Charles, Keiron Thomas, Anthony Garcia, Wilson Prince, Darrin Roger Thomas, Mervyn Edmund, Samuel Winchester, Martin Reid, Rodney Davis, Gangadeen Tahaloo, Noel Seepersad, Wayne Matthews, Alfred Frederick, Natasha De Leon, Vijay Mungroo, Phillip Chotalal, Naresh Boodram, Nigel Mark, Wilberforce Bernard, Steve Mungroo, Peter Benjamin, Krishendath Seepersad, Allan Phillip, Narine Sooklal, Amir Mowlah, Mervyn Parris y Francis Mansingh, la legislación penal que resulte de las reformas a las que se acaba de hacer referencia. Adicionalmente, el Comité Asesor sobre la Facultad del Indulto debe plantear de nuevo los casos de dichas víctimas ante la autoridad ejecutiva competente para pronunciarse sobre esa medida de gracia, previo desarrollo de un trámite ante ese mismo Comité, que se ajuste a las prescripciones sobre el derecho a la vida contenidas en la Convención Americana y con plena observancia de las normas sobre el debido proceso legal consagradas en ese mismo tratado internacional 157. 215. Para los efectos de las reparaciones, la Corte debe tomar en cuenta que el Estado ha violado en contra de todas o algunas de las víctimas de este caso los derechos consagrados en los artículos 4.1, 4.2 y 4.6, 5.1 y 5.2, 7.5, 8.1 y 25, en relación con los artículos 1.1 y 2, de la Convención, a causa de un conjunto de circunstancias que han sido descritas en esta sentencia, entre las cuales se cuenta el hecho de que las víctimas han sido juzgadas en aplicación de una ley que es incompatible con la Convención Americana. Con base en ello, la Corte estima que, de acuerdo con la autoridad que le confiere el artículo 63.1 de la Convención, debe disponer que el Estado con fundamento en la equidad, se abstenga de ejecutar, en cualquier caso, y cualesquiera que sean los resultados de los nuevos juicios a que se refiere el párrafo anterior, e incluso con independencia del hecho de si esos nuevos juicios se realizan o no, a Haniff Hilaire, George Constantine, Wenceslaus James, Denny Baptiste, Clarence Charles, Keiron Thomas, Anthony Garcia, Wilson Prince, Darrin Roger Thomas, Mervyn Edmund, Samuel Winchester, Martin Reid, Rodney Davis, Gangadeen Tahaloo, Noel Seepersad, Wayne Matthews, Alfred Frederick, Natasha De Leon, Vijay Mungroo, Phillip Chotalal, Naresh Boodram, Nigel Mark, Wilberforce Bernard, Steve Mungroo, Peter Benjamin, Krishendath Seepersad, Allan Phillip, Narine Sooklal, Amir Mowlah, Mervyn Parris y Francis Mansingh. 216. Dado que el Estado privó arbitraria y deliberadamente de la vida a Joey Ramiah, a pesar de que existían medidas provisionales de protección ordenadas por la Corte a su favor, destinadas a evitar esa ejecución hasta tanto los órganos del sistema interamericano de derechos humanos se hubieran pronunciado con carácter 156 Corte I.D.H., Caso “La Última Tentación de Cristo” (Olmedo Bustos y otros), supra nota 116, párrs. 85 y 87. 157 144. Ver también la jurisprudencia del Privy Council en el Caso Neville Lewis v. Jamaica, supra nota