2

Considerando:
1.
Que México es Estado Parte en la Convención Americana desde el 24 de marzo
de 1981 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 16 de diciembre de
1998.
2.
Que el artículo 63.2 de la Convención Americana dispone que, en casos de
“extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables
a las personas”, la Corte podrá, en los asuntos que esté conociendo, ordenar la
adopción de las medidas provisionales que considere pertinentes.
3.
Que, en los términos del artículo 26 del Reglamento de la Corte1 (en adelante
“el Reglamento”),
1.
En cualquier estado del procedimiento, siempre que se trate de casos de extrema
gravedad y urgencia y cuando sea necesario para evitar daños irreparables a las personas,
la Corte, de oficio o a instancia de parte, podrá ordenar las medidas provisionales que
considere pertinentes, en los términos del artículo 63.2 de la Convención.
[...]
3.
En los casos contenciosos que ya se encuentren en conocimiento de la Corte, las
víctimas o las presuntas víctimas, o sus representantes debidamente acreditados, podrán
presentar directamente a ésta una solicitud de medidas provisionales en relación con los
referidos casos.
[...]
6.
Si la Corte no estuviere reunida, el Presidente, en consulta con la Comisión
Permanente y, de ser posible, con los demás jueces, requerirá del gobierno respectivo que
dicte las providencias urgentes necesarias a fin de asegurar la eficacia de las medidas
provisionales que después pueda tomar la Corte en su próximo período de sesiones.
[...]

4.
Que la solicitud de adopción de medidas provisionales fue presentada
directamente por los representantes de las presuntas víctimas en un caso que se
encuentra en conocimiento de la Corte (supra Visto 6), por lo cual la misma se
encuentra conforme a lo estipulado en el artículo 26.3 del Reglamento.
5.
Que en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos las medidas
provisionales tienen un carácter no sólo cautelar, en el sentido de que preservan una
situación jurídica, sino fundamentalmente tutelar, por cuanto protegen derechos
humanos, en la medida en que buscan evitar daños irreparables a las personas. Las
medidas se aplican siempre y cuando se reúnan los requisitos básicos de extrema
gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas. De
esta manera, las medidas provisionales se transforman en una verdadera garantía
jurisdiccional de carácter preventivo2.
1

Para efectos de esta solicitud de medidas provisionales, se hace notar que el Reglamento
aplicable es el reformado durante el LXXXII Período Ordinario de Sesiones, en la sesión celebrada el día 29
de enero de 2009, y que entró en vigor el 24 de marzo de 2009.
2

Cfr. Caso del Periódico “La Nación”. Medidas Provisionales respecto de Costa Rica. Resolución de
la Corte de 7 de septiembre de 2001, considerando 4; Caso Bámaca Velásquez. Medidas Provisionales

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