La Comisión ha designado a la Comisionada Julissa Mantilla Falcón como su delegada. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto Meza Flores e Ignacio Bollier, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como asesora y asesores legales. De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta copia del Informe de Admisibilidad y Fondo No. 380/20 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 380/20 (Anexos). Dicho Informe de Admisibilidad y Fondo fue notificado al Estado el 6 de enero de 2021, otorgándole un plazo de dos meses para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Tras el otorgamiento por parte de la CIDH de una prórroga, el 5 de mayo de 2021 el Estado remitió un informe controvirtiendo las conclusiones y recomendación de la CIDH, y no solicitó una nueva prórroga. En virtud de ello, y teniendo en cuenta la necesidad de justicia y reparación para la víctima, así como la voluntad expresada por la parte peticionaria, la Comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana. En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Costa Rica es responsable por la violación del derecho a la información sobre la asistencia consular consagrado en los artículos 7.4 y 8.2 de la Convención Americana en relación con su artículo 1.1. En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas de reparación: 1. Reparar integralmente las violaciones de derechos declaradas en el presente informe incluyendo el aspecto material e inmaterial. 2. Adoptar como medida de no repetición los mecanismos legales y administrativos necesarios para garantizar el derecho de los extranjeros arrestados en el territorio costarricense a contar con la información sobre la asistencia consular. Asimismo, implementar un programa de capacitación dirigido a funcionarios judiciales, del ministerio público y de los órganos de investigación penal que permita difundir los estándares interamericanos sobre el derecho a la asistencia consular. Además de la necesidad de obtención de justicia y reparación por la falta de cumplimiento de las recomendaciones del Informe de Admisibilidad y Fondo, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden público interamericano. Específicamente, permitirá a la Honorable Corte continuar desarrollando su jurisprudencia sobre los estándares interamericanos en materia de derecho a la información sobre la asistencia consular. En particular, respecto al momento en que las autoridades estatales deben brindar dicha información. En virtud de que estas cuestiones afectan de manera relevante el orden público interamericano, de conformidad con el artículo 35.1 f) del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión se permite ofrecer la siguiente declaración pericial: Perito/a, cuyo nombre será informado a la brevedad, quien declarará sobre la obligación internacional de los Estados de garantizar el derecho a la información sobre la asistencia consular de personas extranjeras arrestadas en su territorio. En particular, el/la perito/a declarará sobre el momento en que debe brindarse 3