Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura y 7.b de la Convención
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer
(“Convención de Belém do Pará”), en perjuicio de víctimas sobrevivientes de las
masacres, así como de familiares de las víctimas ejecutadas. El Salvador efectuó una
aceptación total de los hechos que configuraron las violaciones antes indicadas. En la
Sentencia, el Tribunal dispuso, entre otras medidas de reparación, que el Estado debía
cumplir con su obligación de investigar, identificar y, en su caso sancionar, así como
asegurar que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz no volviera a
representar un obstáculo para el cumplimiento de dicha obligación en este caso y
respecto de otras graves violaciones de derechos humanos similares acontecidas durante
el conflicto armado en El Salvador (infra Considerandos 3 y 6).
2.
Las Resoluciones de supervisión de cumplimiento de Sentencia emitidas por la
Corte Interamericana el 3 de mayo de 2016 3, el 31 de agosto de 2017 4, el 30 de mayo5
y 28 de noviembre de 20186.
3.
La visita de supervisión de cumplimiento de la Sentencia realizada por una
delegación de la Corte, los días 28 a 30 de agosto de 2018 en San Salvador, en el
Juzgado Segundo de Paz de San Francisco Gotera, en El Mozote y en Arambala 7.
4.
Los escritos presentados por los representantes de las víctimas (en adelante “los
representantes”)8 entre febrero y marzo de 2019 en el marco de la supervisión de
cumplimiento del presente caso, en los cuales expresaron, entre otros aspectos, sus
observaciones respecto “a la existencia de un proyecto de ꞌLey de Reconciliación
Nacionalꞌ”, que se encuentra en trámite ante la Asamblea Legislativa de El Salvador y
que podría afectar la obligación de investigar graves violaciones a derechos humanos
cometidas durante el conflicto armado, tales como la de este caso.
5.
La nota de la Secretaría de la Corte (en adelante “la Secretaría”) de 15 de marzo
de 2019, mediante la cual, siguiendo instrucciones del Presidente del Tribunal, se solicitó
al Estado que presentara información actualizada sobre el trámite legislativo de dicho
proyecto de ley.
6.
El informe presentado por el Estado el 29 de marzo de 2019, en el cual
únicamente indicó que se había creado una Comisión Ad-hoc que “a [esa] fecha se
enc[ontraba] concluyendo un proyecto de ley relacionado a [dicha] temática”.
7.
La nota de la Secretaría de 22 de mayo de 2019, mediante la cual, siguiendo
instrucciones del Presidente del Tribunal, se realizó un pedido detallado de información
al Estado sobre diversos aspectos relacionados con el referido proyecto de ley9.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mozote_03_05_16.pdf.
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mozote_31_08_17.pdf.
5
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mozote_30_05_18.pdf.
6
Disponible en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/mozote_28_11_18.pdf.
7
En dicha visita, se realizó, entre otros, una diligencia al referido juzgado, la cual permitió a la
delegación de la Corte recibir información de forma directa del Juez Segundo de Primera Instancia de San
Francisco Gotera, a cargo del proceso penal en trámite por los delitos cometidos en las masacres de El Mozote
y lugares aledaños. Asimismo, se recibió información sobre la creación de una Comisión ad-hoc en la la
Asamblea Legislativa de El Salvador para la creación de una nueva ley de reconciliación nacional.
8
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Asociación de Derechos Humanos
Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”.
9
Se solicitó al Estado que informara sobre: i) el contenido del anteproyecto de Ley de Reconciliación
Nacional y su compatibilidad con lo ordenado en el punto dispositivo tercero y el párrafo 319 de la Sentencia,
en cuanto al deber del Estado de abstenerse de recurrir a figuras como la amnistía en beneficio de los autores,
disposiciones análogas, la prescripción, irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, ne bis in idem o cualquier
eximente similar de responsabilidad, para excusarse de la obligación de investigar las graves violaciones
ocurridas en el presente caso; ii) el actual estado de avance del trámite legislativo del referido anteproyecto
de ley y, explicara, de acuerdo a su normativa interna, el procedimiento que seguiría, y iii) la posición que
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