la señora María Contreras presentó un recurso de habeas corpus ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. 8. Se indica que no fue posible hacer una denuncia con anterioridad, puesto que debido al conflicto armado existente, existía el temor de que cualquier persona que se apersonara a los cuarteles iba a ser vinculada a la guerrilla y sufrir represalias. Al respecto, la Comisión de la Verdad para El Salvador advirtió que se cometieron muchas violaciones de derechos humanos en contra de la población civil simplemente por considerarlos colaboradores de los guerrilleros, dentro de la campaña, especialmente de los primeros años de “quitarle el agua al pez”. Dentro de este panorama, los peticionarios alegan que no existía confianza en las autoridades, especialmente cuando las violaciones a los derechos humanos eran perpetradas por el ejército salvadoreño. 9. Los peticionarios señalan que el proceso penal interno no se inició sino hasta la resolución de esta sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia del 17 de febrero de 2003 (notificada el 3 de marzo de 2003), en la cual se reconoce la violación constitucional al derecho a la libertad de los hermanos Contreras y se insta a la Fiscalía General de la República a fin de que “tome las medidas necesarias conforme a sus atribuciones constitucionales, a efecto de llevar a cabal término el establecimiento de las condiciones en que se encuentran los favorecidos Serapio Cristián, Julia Inés y Herminia Gregoria, todos de apellido Contreras”. 2 10. Los peticionarios alegan que “la Fiscalía no ha puesto el empeño necesario para la investigación del caso ya que de acuerdo a lo sostenido en el escrito de contestación [de la petición] existen registros que permitirían obtener información que conllevaría a conocer el paradero de los hermanos Contreras…” 3 Los peticionarios alegan asimismo que: “…aunque se sostenga [por el Estado en su escrito de contestación a la petición] que el proceso sigue abierto, ya ha pasado un año desde que se pronunció la resolución del hábeas corpus y no conocemos que se hayan obtenido resultados sobre la ubicación de los menores y tampoco se ha presentado el requerimiento respectivo ante el Juzgado competente…”. 11. En suma, los peticionarios sostienen que en un principio y hasta la creación de la Comisión de la Verdad, no había en El Salvador posibilidad para los peticionarios de acceder a ningún recurso interno. Desde entonces los peticionarios sostienen que los recursos internos disponibles en El Salvador han sido ineficaces para investigar los hechos, determinar el paradero de Serapio Cristián, Julia Inés y Herminia Gregoria y reparar las consecuencias de las violaciones alegadas.Argumentan en tal sentido que han transcurrido más de doce años desde que el caso fue denunciado, durante los cuales la actitud del Estado ha sido sumamente negligente y displicente en el proceso, pese a que los hechos revisten el carácter de acción penal pública. Por ello, los peticionarios estiman que la investigación ha estado de antemano condenada al fracaso. Los peticionarios solicitan, por tanto, la aplicación de la excepción al agotamiento de los recursos internos establecida en el artículo 46(2)(b) de la Convención. 12. En relación con las normas aplicables, los peticionarios sostienen que el Estado salvadoreño ratificó la Convención Americana el 23 de junio de 1978, y por lo tanto es responsable de las violaciones a ésta en perjuicio de los hermanos Contreras. B. El Estado 13. Por su parte, el Estado salvadoreño manifiesta que el derecho internacional aplicable durante el conflicto armado es el Derecho Internacional Humanitario, específicamente el artículo 3 común a los cuatro Convenios de Ginebra, complementado por el Protocolo II. El Estado, en este sentido, establece lo siguiente: Es cierto que en un principio, el Derecho Internacional de los Derechos Humanos es aplicable por los gobiernos, pero en determinados conflictos armados, por las normas mencionadas anteriormente, el Derecho Internacional Humanitario es vinculante para ambos lados, es decir, 2 3 Resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, 17 de febrero de 2003. Escrito de observaciones de los peticionarios a la respuesta del Estado, 22 de abril de 2004. 3

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