INFORME Nº 30/071
PETICIÓN 438-06
ADMISIBILIDAD
JUAN GELMAN, MARÍA CLAUDIA GARCÍA DE GELMAN Y MARÍA MACARENA GELMAN GARCÍA
IRURETAGOYENA
URUGUAY
9 de marzo de 2007
I.

RESUMEN

1. El 8 de mayo de 2006, María Macarena Gelman García Iruretagoyena (en lo sucesivo “María
Macarena Gelman”) y Juan Gelman, representados por el Dr. José Luís González y el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) (en lo sucesivo “los peticionarios”),
presentaron por sí y en nombre de María Claudia García Iruretagoyena de Gelman (en lo
sucesivo “María Claudia Gelman”) una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos (en lo sucesivo “la Comisión”), contra la República Oriental del Uruguay (en lo
sucesivo “el Estado”) por supuesta violación de los siguientes derechos protegidos por el
sistema interamericano: el derecho al debido proceso legal y a la protección judicial de las
víctimas (artículos 1(1), 2, 8(1) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en lo sucesivo “Convención Americana”) y los artículos I(b), III, IV, V y XII de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (en lo sucesivo “Convención sobre
Desaparición Forzada”) y los artículos 1, 6, 8 y 11 de la Convención Interamericana para
Prevenir y Sancionar la Tortura (en lo sucesivo “Convención sobre la Tortura”); el derecho a la
verdad (artículos 1.1), 8, 13 y 25 de la Convención Americana); la obligación general de
investigar violaciones del derecho a la vida, a la libertad y la integridad física y psíquica y de
castigar seria y efectivamente esas violaciones (artículos 1(1), 4, 5 y 7 de la Convención
Americana; los artículos 6 y 8 de la Convención sobre la Tortura y los artículos I(b), III y VI de
la Convención sobre Desaparición Forzada); el derecho a la integridad personal del Sr. Juan
Gelman, su familia y María Macarena Gelman (artículos 1.1 y 5.1) de la Convención
Americana); los derechos a medidas especiales de protección para los niños, al reconocimiento
de la personalidad jurídica, a la protección de la honra y de la dignidad, al nombre y a la
protección de la familia en relación con el Sr. Juan Gelman y su familia y con María Macarena
Gelman (artículos 1(1), 3, 11, 17, 18 y 19 de la Convención Americana y el artículo XII de la
Convención sobre Desaparición Forzada).
2. Los peticionarios solicitan que los actos que se produjeron entre el 24 de agosto de 1976 y
el 19 de abril de 1985, fecha de ratificación, por parte de Uruguay, de la Convención
Americana, se analicen a la luz de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del
Hombre (en lo sucesivo “Declaración Americana”), por sostener que en ese período el Estado
violó los siguientes derechos: el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona
(artículo I), el derecho a la constitución y a la protección de la familia (artículo VI), el derecho
de protección a la maternidad y a la infancia (artículo VII), el derecho de reconocimiento de la
personalidad jurídica y de los derechos civiles (artículo XVII), el derecho de justicia (artículo
XVIII), el derecho de protección contra la detención arbitraria (artículo XXV) y el derecho a
debido proceso (artículo XXVI).
3. Se alega que la responsabilidad del Estado por las referidas violaciones de derechos surgen
de la desaparición forzada de María Claudia Gelman, la supresión de la identidad de María
Macarena, hija de María Claudia y Marcelo Gelman, la falta de respuesta judicial efectiva con
respecto a los derechos de las víctimas y sus parientes y los tormentos sufridos por las
víctimas y sus parientes como resultado de los hechos que supuestamente se produjeron en su
caso.
4. Con respecto a la admisibilidad de la denuncia, los peticionarios alegan que su petición
cumple todos los requisitos contenidos en el artículo 46 de la Convención, salvo el del previo
agotamiento de los recursos internos, con respecto al cual los peticionarios señalan que la Ley
de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado - Ley Nº 15.848 cerró toda posibilidad de
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El Comisionado Víctor Abramovich, de nacionalidad argentina, no participó en las deliberaciones ni en la decisión del
caso de autos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17(2)(b) del Reglamento de la Comisión.
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