82 C. Derecho de recurrir del fallo C.1. Argumentos de la Comisión y alegatos de las partes 237. La Comisión Interamericana alegó que, debido al marco legal aplicable y a la existencia de una práctica judicial arraigada en el sentido de interpretar restrictivamente dicho marco legal, existía una seria limitación de las perspectivas de efectividad de cualquier alegato que no se enmarcara dentro de lo que históricamente se había considerado como “revisable” mediante el recurso de casación. Alegó que cada uno de los recursos interpuestos por la defensa de las presuntas víctimas fue desestimado por plantear la revisión de cuestiones de hecho y de valoración de prueba, lo cual es incompatible con el alcance amplio del recurso contemplado en el art. 8.2.h) de la Convención Americana. Según la Comisión, “en el caso concreto, [esto] reviste especial gravedad, dada la naturaleza de la pena impuesta a las víctimas y su condición especial al momento de cometer las conductas que se les imputaron”. Por ello, indicó que era “comprensible que la defensa de las víctimas, en la búsqueda de que el recurso fuera admitido y decidido, no solicitara la revisión de cuestiones de hecho o de valoración probatoria”, sino que formulara alegaciones “principalmente basadas en la incorrección de la aplicación de las normas, en la inconstitucionalidad de la pena o en su arbitrariedad manifiesta”. En ese sentido, la Comisión señaló que debía tomarse “en cuenta que las víctimas iniciaron la etapa recursiva con una limitación a priori respecto de los alegatos que podían presentar”. La Comisión se refirió al fallo Casal, invocado por el Estado (infra párr. 239), y sostuvo que “[lo] valora[ba] positivamente y lo ent[endía] como un primer esfuerzo a fin de compatibilizar las prácticas judiciales con las obligaciones internacionales de Argentina en materia de derechos humanos”. Sin embargo, expresó que el fallo “no ha provocado cambios suficientes”. Consideró que el Estado ha avanzado en la garantía del derecho de recurrir del fallo, pero que aún existen desafíos importantes para que este derecho tenga plena efectividad. Por lo tanto, la Comisión solicitó a la Corte que declarara que el Estado había violado el derecho reconocido en el artículo 8.2.h) de la Convención Americana, en relación con los artículos 1.1 y 2 de la misma, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández. 238. La representante alegó que no existió una revisión amplia de las sentencias de las víctimas “porque los tribunales no habilitaron una revisión de los hechos juzgados [y porque] no realizaron un análisis efectivo de los argumentos introducidos en cada una de sus impugnaciones”, amparándose en una legislación que “restringía las instancias de revisión”. Respecto al fallo Casal, la representante alegó que “a pesar [de su] impacto simbólico […], hasta el momento el Estado no ha modificado la base normativa que obstaculiza la amplia revisión de las sentencias de condena, tal como sucedió en los [presentes casos]”. En relación a los casos particulares de las presuntas víctimas, en términos generales coincidió sustancialmente con lo alegado por la Comisión. Por último, respecto a las decisiones de 9 de marzo de 2012 a favor de Saúl Roldán Cajal, y de 21 de agosto de 2012 a favor de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez y Lucas Matías Mendoza, dictadas a propósito de los recursos de revisión interpuestos (supra párrs. 41 y 94), la representante señaló que conforme al Código Procesal Penal de la Provincia de Mendoza, aplicable al primero, y al Código Procesal Penal de la Nación, aplicable a los segundos, el recurso de revisión tampoco satisface las exigencias del derecho reconocido en el artículo 8.2.h) de la Convención. 239. El Estado manifestó “la improcedencia de inobservancia de la garantía de revisión amplia del fallo recursivo establecido tanto a nivel nacional como en el que “de conformidad a las pautas sentadas por la Corte las afirmaciones relativas a la condenatorio”. Respecto del sistema de la Provincia de Mendoza, sostuvo Suprema de Justicia de la Nación en