81 que las declaraciones rendidas por aquéllos ante diversas instancias y los informes médicos emitidos a partir de las revisiones que les fueron practicadas, hacían constar las lesiones que sufrieron mientras estuvieron internados en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza. Algunos de estos informes registraron lesiones en los pies de los jóvenes consistentes con la aplicación de “la falanga” (supra párr. 207). 234. Al respecto, esta Corte reitera que en todo caso en que existan indicios de la ocurrencia de tortura, el Estado debe iniciar de oficio y de inmediato una investigación imparcial, independiente y minuciosa que permita determinar la naturaleza y el origen de las lesiones advertidas, identificar a los responsables e iniciar su procesamiento307. Es indispensable que el Estado actúe con diligencia para evitar alegados actos de tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes, tomando en cuenta, por otra parte, que la víctima suele abstenerse, por temor, de denunciar los hechos, sobre todo cuando ésta se encuentra privada de la libertad bajo la custodia del Estado. Asimismo, a las autoridades judiciales corresponde el deber de garantizar los derechos de la persona privada de la libertad, lo que implica la obtención y el aseguramiento de toda prueba que pueda acreditar alegados actos de tortura308. 235. Así, la Corte observa que en este caso se iniciaron dos investigaciones en relación con las torturas perpetradas en contra de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez, respectivamente. Sin embargo, el Fiscal a cargo solicitó el archivo de las mismas después de aproximadamente seis meses porque las presuntas víctimas no identificaron a los supuestos perpetradores y por su “poca colaboración”. Lo anterior, pese a que existían varios informes médicos y diversas declaraciones respecto a lo sucedido a los internos Mendoza y Núñez, en el sentido de que fueron golpeados por personal penitenciario en todo el cuerpo y en las plantas de los pies; a que dicho fiscal indicó que “en modo alguno se est[aba] en condiciones de negar la existencia del hecho denunciado”, y a que los internos habían expresado temor de sufrir represalias por sus denuncias, lo cual podría explicar su supuesta falta de cooperación (supra párrs. 133, 205 y 207). No consta en el expediente que el Estado haya tomado acción alguna en relación con estas aseveraciones de los jóvenes internos. El Tribunal tampoco cuenta con evidencia de que se haya tomado la declaración de persona alguna que hubiere trabajado en el Complejo Penitenciario Federal No. 1 de Ezeiza el día en que sucedieron los hechos. Por tanto, la Corte considera que, en este caso, el Estado descargó en las presuntas víctimas su obligación de investigar, pese a que, como se ha indicado, dicha obligación no puede depender de la iniciativa procesal de las víctimas o de sus familiares o de la aportación privada de elementos probatorios (supra párr. 218). 236. Finalmente, la Corte observa que en el presente caso, las investigaciones fueron archivadas sin que el Estado haya proporcionado una explicación satisfactoria y convincente de lo sucedido a fin de desvirtuar la presunción de responsabilidad estatal por las torturas sufridas por Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez (supra párr. 235). A la luz de lo anterior, la Corte concluye que el Estado es responsable por la violación de los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, así como por el incumplimiento de las obligaciones establecidas en los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, en perjuicio de Lucas Matías Mendoza y Claudio David Núñez. 307 Cfr. Caso Gutiérrez Soler vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de septiembre de 2005. Serie C No. 132, párr. 54, y Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, párr. 135. 308 Cfr. Caso Cabrera García y Montiel Flores Vs. México, párr. 135.