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[...] para acusar al presidente de criminalización de la protesta[,] de dictador”.
Asimismo, dijo que COFAVIC “pretendía cobrar todas las indemnizaciones, cobrarlas y
quedarse con un porcentaje”;
c)
el 21 de septiembre de 2009 la Fiscal General de la República, “con el objeto de
criminalizar y descalificar a las víctimas, procedió a leer ante los medios de
comunicación [...] las declaraciones hechas por los familiares de las víctimas” y
cuestionó que las víctimas “di[gan] a los medios de comunicación cosas que deberían
decir en el [M]inisterio [P]úblico” . Aunado a lo anterior, el 1 de marzo de 2010 el
señor Alejandro Castillo, Director de Actuación Procesal del Ministerio Público, expresó
que “quienes no nos han apoyado a nosotros son los señores de COFAVIC”;
d)
el 22 de septiembre de 2009 las señoras Rubis Borjas, Marisol Montenegro y
Laura Liscano, familiares de víctimas del Caracazo, “recibieron varias llamadas en sus
teléfonos móviles de parte de supuestos funcionarios pertenecientes al Laboratorio de
Identificación Genética del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y
Criminalísticas [...] a los fines de que comparezcan [...] para que se les tomen
muestras de (ADN)[, sin embargo la] presunta funcionaria que ha realizado las
reiteradas llamadas no ha querido identificarse plenamente [...] y tampoco ha accedido
a remitir la información por escrito”. El mismo día la señora Fresia Ipinza, Directora de
la Asociación Civil Anticorrupción Interpelación Popular Organizada, “increpó muy
duramente a las víctimas agrupadas en COFAVIC acusándolas de conspiradoras,
asesinas y golpistas”;
e)
el 27 de noviembre de 2009, se indicó en el periódico el Correo del Orinoco que
Liliana Ortega y COFAVIC “reciben subvención de al menos 30 poderosas instituciones
mundiales, [… pero] salen con la trampa de que la sección donde debe informar de su
financiamiento está en construcción”. El 4 de noviembre en el mismo periódico se
publicó un artículo titulado “Turismo de los Derechos Humanos”, en la que se afirma
que “supuestas organizaciones no gubernamentales [...] harán cola para denunciar los
pretendidos atropellos del Gobierno a los derechos humanos. Toda una comitiva [...]
disfrutará de una semana de otoño en el noreste de EEUU, a costa de la aparente
defensa de los derechos ciudadanos”;
f)
el 4 de noviembre de 2009 la Diputada Desirée Santos Amaral manifestó, en el
marco de la celebración del 137 Período de Sesiones de la Comisión Interamericana,
que “[a]llí (estaba) Cofavic, una ONG que se convirtió luego en un organismo
antichavista”. En el mismo sentido, el 26 de febrero de 2010 la señora Gabriela
Ramírez, Defensora del Pueblo de Venezuela, manifestó que “el [E]stado [V]enezolano
en la vocería del Presidente Chávez asume inmediatamente la responsabilidad de estos
hechos e indemniza a las víctimas, solamente 44 víctimas fueron recogidas por el
informe de una organización no gubernamental recientemente devenida en oposición”;
g)
el 24 de enero de 2010 “en el Distrito 57 de la Policía Metropolitana en la
Formación Policial fueron leídas y ampliamente criticadas y criminalizadas por los
Comandantes a toda la tropa, las declaraciones de Liliana Ortega de COFAVIC
publicadas ese día en los diarios El Nacional y El Universal[, donde] se hablaba de la
grave impunidad con la que cuentan los funcionarios policiales que cometen graves
delitos contra los derechos humanos”, y
h)
los días 25 y 26 de febrero y el 1 de marzo de 2010 la Fiscal General de la
República señaló públicamente que COFAVIC no había aportado la información pre
mortem sobre las víctimas del Caracazo requerida por el Ministerio Público, por lo que