18 las decisiones emitidas por el Tribunal en 2000 y 2002. En esas decisiones la Corte constató que los recursos impulsados no fueron efectivos, en parte, porque agentes del Estado de alto nivel impidieron que algunas acciones tuvieran resultados positivos (supra Considerando 20). Asimismo, el fiscal especial que en su momento impulsó el caso fue objeto de amenazas, hostigamientos y atentados contra su vida (supra Considerando 19). Además, a pesar de existir información precisa por parte de diversos testigos en relación con la participación de algunos militares en la desaparición forzada del señor Bámaca Velásquez, incluyendo acusaciones contra el coronel Alpírez39, no constaba en el expediente que se hubiera adelantado una investigación a profundidad contra dichos militares (supra Considerando 19). 47. Además de estas evidentes violaciones en la investigación, en su Sentencia de Fondo de 2000, el Tribunal “atribuy[ó] un alto valor probatorio a las pruebas testimoniales en procesos de esta naturaleza, es decir, en el contexto y circunstancias de los casos de desaparición forzada, con todas las dificultades que de ésta se derivan, en los cuales los medios de prueba son esencialmente testimonios referenciales y pruebas circunstanciales en razón de la propia naturaleza de este delito”40. La Corte tuvo por probado que, “al momento de los hechos de este caso, existía una práctica por parte del Ejército por la cual se capturaba a los guerrilleros, se les retenía clandestinamente sin dar noticia a autoridad judicial competente, independiente e imparcial, se los torturaba física y psicológicamente para la obtención de información y, eventualmente, incluso se les causaba la muerte”. También encontró probado que “la desaparición de Efraín Bámaca Velásquez esta[ba] vinculada con dicha práctica”, por lo que la Corte la consider[ó] demostrada41. 48. A partir de estas consideraciones de la Corte, los tribunales internos están obligados a remover cualquier práctica, norma o institución procesal que pudiera operar respecto a hechos punibles generales pero que son inadmisibles en relación con claras violaciones del deber de investigar graves violaciones de derechos humanos. Transcurridos diez años, no ha existido ninguna decisión interna firme en remover dichos obstáculos. El Tribunal resalta que ante una solicitud del Estado recibida en 2010, la Corte suministró una copia completa de la prueba disponible en su expediente42. Los primeros pasos dirigidos a la remoción de los obstáculos que garantizaron la impunidad se relacionaban precisamente con las actuaciones recientemente anuladas (supra Considerando 9 a y 9 b). 49. En similar sentido, la Corte observa que diversos órganos judiciales internos han aceptado remover todo obstáculo procesal con el fin de reabrir o proseguir con las investigaciones pertinentes en casos de graves violaciones de derechos humanos. Así por ejemplo, los imputados en el caso conocido como Barrios Altos Vs. Perú solicitaron el sobreseimiento de la causa por exceso de plazo de la instrucción o de la investigación, fundamentando la solicitud en un decreto legislativo que argumentaba 39 Cfr. Testimonios de Santiago Cabrera López, Jennifer Harbury y demás declarantes citados en la Sentencia de Fondo del presente caso, supra nota 11, que hacen referencia al señor Alpírez. 40 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, supra nota 11, párr. 131. 41 Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala, supra nota 11, párr. 132. 42 Mediante escrito de 1 de febrero de 2010, el Estado de Guatemala solicitó a la Corte Interamericana copia certificada de “todas las declaraciones testimoniales y toda la documentación aportada por los Militares; asimismo, copia certificada de las sentencias de fondo y reparaciones”, en el presente caso. Mediante nota de la Secretaría de la Corte de 4 de febrero de 2010 se expidió copia certificada de las Sentencias emitidas en el presente caso y una copia certificada de todo el expediente de fondo.