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jueces de la Alta Corte de Justicia, y en caso de apelación fueran juzgadas por entre cinco y
nueve jueces del mismo órgano. Asimismo, todas las personas condenadas con anterioridad
a dicha reforma, tuvieron derecho a apelar sus sentencias dentro de un plazo de tres meses
posteriores a la reforma64. El señor Alibux no apeló su condena.
50. Según se desprende de lo alegado por las partes el señor Alibux fue la primera
persona acusada y condenada con base en el procedimiento establecido por la LAFCP y el
artículo 140 de la Constitución (infra párr. 75).
51. El artículo 144 de la Constitución establece la creación de una Corte Constitucional65,
no obstante la misma no ha sido establecida hasta la fecha.
VII
FONDO
52. En atención a los derechos de la Convención alegados en el presente caso, la Corte
realizará el siguiente análisis: 1) el principio de legalidad y de retroactividad; 2) el derecho
a las garantías judiciales y en particular el derecho a recurrir el fallo; 3) el derecho a la
protección judicial, y 4) el derecho de circulación y residencia, en particular el derecho a
salir libremente del país de origen.
64
Cfr. Boletín de Actos y Decretos de 27 de agosto de 2007, artículos I y II (anexos al informe de fondo, folios
236 y 237). El artículo I de la Enmienda dispone la introducción de las siguientes disposiciones: Artículo 12 a 1.
“Los funcionarios o ex funcionarios con cargos políticos que han sido acusados por actos delictivos cometidos en el
ejercicio de sus funciones, de acuerdo con el artículo 140 de la Constitución, serán llevados, tanto en primera
instancia, así como en apelación por el Procurador General ante la Alta Corte de Justicia, independientemente del
lugar en que los actos hayan sido cometidos o en el lugar donde el funcionario o ex funcionario resida o éste fuera
encontrado. En la primera instancia la Alta Corte de Justicia decidirá con tres jueces. En apelación, la Alta Corte de
Justicia decidirá con una cantidad impar de jueces, sin embargo, deberán ser al menos cinco y no más de nueve
jueces. Artículo 12 b Las disposiciones del Código de Procedimiento Penal en cuanto al procesamiento de casos
penales serán igualmente aplicables en el procedimiento penal de primera instancia y el de apelación de
funcionario o ex funcionario con cargo político. El artículo II de la enmienda dispone. La Apelación podrá
presentarse, de acuerdo con las disposiciones del Código de Procedimiento Penal, dentro de los tres meses de la
entrada en vigor de esta Enmienda, contra las sentencia de la Alta Corte de Justicia previa a la entrada en vigor de
esta norma en relación con los actos delictivos cometidos por funcionarios o ex funcionarios con cargos políticos en
el ejercicio de sus funciones, de conformidad con el artículo 140 de la Constitución”.
65
Artículo 144 de la Constitución de Suriname (anexos al informe de fondo folios 139 y 140, y Ver
http://www.thewaterfrontpress.com/grondwet.pdf):
1.
Se estable una Corte Constitucional que es un órgano independiente y que se compone por un
Presidente, un Vice-Presidente y tres miembros quienes -así como tres miembros adjuntos- serán
nombrados por un periodo de cinco años con la recomendación de la Asamblea Nacional.
2.
El trabajo de la Corte Constitucional consistirá en
a.
Verificar que el objetivo de las Leyes o disposiciones de las mismas no contravengan la
Constitución ni con tratados a los cuales se ha adherido la nación con otros estados u organismos
internacionales.
b.
Evaluar la conformidad de decisiones tomadas por instituciones gubernamentales con uno o más
de los derechos que se mencionan en Capitulo V.
3.
En caso que la Corte Constitucional decidiera que existe una inconsistencia con una o más de las
disposiciones de la Constitución o tratado al cual se hace referencia en el párrafo 2 sub-sección a, la
Ley o partes de la misma, o las decisiones de instituciones gubernamentales no serán consideradas
obligatorias.
4.
El reglamento y las normas relacionadas con la composición, organización y procedimiento de la
Corte, así como las consecuencias legales de las decisiones de la Corte Constitucional, serán
determinadas por ley.