4 la madre y las hijas de Gregoria Flores Martínez, quienes manifestaron haber notado “[…] en los alrededores de su residencia la presencia de un automóvil identificado por el Coordinador de Defensa de Tierras de la Organización Negra Fraternal Hondureña (en adelante “OFRANEH”), como perteneciente a la Dirección General de Investigación Policial [(en adelante “DGIC”]) […]”, razón por la cual la señora Flores Martínez temía por la seguridad de sus familiares. * * * 6. Que respecto a las amenazas en contra de Alfredo López Álvarez, supuestamente ocurridas el 27 de mayo y el 3 de junio de 2007 por miembros del sindicato de trabajadores de la Municipalidad de Tela, el Estado indicó que la primera de ellas, en relación con algunos daños a la propiedad en perjuicio de la Comunidad Triunfo de la Cruz, estaba siendo investigada y que de la segunda no tenía conocimiento. Posteriormente, informó que Alfredo López Alvarez no había presentado la denuncia correspondiente a las supuestas amenazas en su perjuicio, y que respecto de la denuncia en perjuicio de la comunidad la Fiscalía Especial de Etnias giró instrucciones para que se procediera a la atención de la denuncia de la comunidad. Por otra parte, el Estado alegó que los representantes en sus observaciones no cumplen con informar sobre la situación actual y precisa de cada uno de los beneficiarios como la Corte lo ha requerido, y lo que han informado no está relacionado con el Caso López Álvarez, por lo que en reiteradas comunicaciones ha solicitado que se levanten las medidas. No obstante lo anterior, el Estado, en diversas oportunidades, señaló que de mantenerse las medidas está dispuesto a revisarlas en conjunto con los beneficiarios. 7. Que los representantes señalaron la necesidad de mantener las medidas respecto de Alfredo López Álvarez y Teresa Reyes Reyes debido a las presiones que se viven en las comunidades garífunas como consecuencia de las especulaciones inmobiliarias en la Bahía de Tela alrededor de la construcción de megaproyectos turísticos. Justificaron tal necesidad en el irrespeto a los derechos humanos de las poblaciones indígenas y negras, en la persistencia de modalidades de acoso heredadas de la guerra fría y principalmente en el apoderamiento de las tierras garífunas para la construcción de los megaproyectos turísticos. Entre las amenazas que relataron los representantes durante el 2006, 2007 y 2008 destacan hechos tales como la destrucción de cultivos, invasión de tierras, así como amenazas verbales e intentos de agresión contra el señor López Álvarez y otros miembros de la Comunidad garífuna por parte de sindicato de la Municipalidad de Tela y otros “invasores”. Los representantes manifestaron que el señor López Álvarez presentó las denuncias correspondientes por las amenazas referidas y señalaron que se encontraban a la espera de que los operadores de justicia en Tela cumplan con la disposición de la Fiscalía Especial de Etnias y reciban las denuncias de la Comunidad Triunfo de la Cruz. A ese respecto, según indicaron los representantes, existe un vínculo directo entre la labor de los beneficiarios como defensores de las tierras garífunas y los actos de amenazas. Agregaron que dichas amenazas y actos se relacionan con su labor como líderes en la lucha por la reivindicación de tierras propiedad de los Garífunas de la Comunidad el Triunfo de la Cruz, por lo tanto hasta que no se resuelva el conflicto de tierras y considerando la impunidad imperante en relación con las citadas denuncias, los beneficiarios continúan en una situación de riesgo inminente. En su último escrito de 14 de enero de 2009, los representantes manifestaron que el levantamiento de la medidas solicitado por el Estado “es inaceptable e inadecuado en el actual contexto, por existir un grave conflicto de