14 por concepto de educación de Paul Zambrano Loayza, anexo V; cuadro de gastos por concepto de educación de Gisselle Zambrano Loayza, anexo VI; cuadro de artículos de baño y de limpieza entregados mensualmente al Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos para María Elena Loayza, anexo XVI; cuadro de gastos realizados una vez, por concepto de materiales de labores manuales de María Elena Loayza en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, anexo XVIII; cuadro de medicinas recetadas en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad de Mujeres de Chorrillos, a la víctima, anexo XIX; cuadro de gastos por concepto de fotocopias presentadas en los diversos procedimientos realizados a favor de la víctima por su hermana y abogada, anexo XXX; cuadro de gastos por concepto de telefonía internacional desde el teléfono instalado en el domicilio de la abogada y hermana de la víctima, anexo XXXI; cuadro de gastos por concepto de envío de correspondencia por correo postal, anexo XXXII; cuadro de gastos por envío de fax, tramitación de petición de demanda, caso Loayza Tamayo, anexo XXXIII); además, del respectivo cotejo se desprende que sumas de dinero correspondientes a idénticos conceptos están expresadas en los cuadros en determinado número de soles, e indicadas en la misma cantidad de dólares estadounidenses en el escrito de reparaciones de la víctima, como si existiera paridad entre ambas monedas (Cfr. cuadro de gastos mensuales por concepto de víveres vs. escrito; cuadro de gastos por artículos de aseo vs. escrito; cuadro de gastos anuales por adquisición de ropa vs. escrito). La Corte tendrá en cuenta estas circunstancias cuando estudie los correspondientes rubros de reparación. 51. El resto de documentos objetados por el Estado son recibos por compras misceláneas de materiales, medicinas, artículos de vestir, fotocopias y envío de correspondencia (Cfr. anexos XV, XVIII, XIX (boletas número 09119, 4275, 09402 y 117748), XX, XXX, XXXII y XXXIII). Al respecto, la Corte advierte que estos documentos no proporcionan la identificación del autor de las transacciones respectivas, lo cual le impide otorgarles plena credibilidad. En consecuencia, la valoración específica de su mérito probatorio estará dada por el criterio tantas veces reiterado por el Tribunal, en el sentido de que en ejercicio de su función jurisdiccional, tratándose de la obtención y valoración de las pruebas necesarias para la decisión de los casos que conoce puede, en determinadas circunstancias, utilizar tanto las pruebas circunstanciales como los indicios o las presunciones como base de sus pronunciamientos, cuando de aquéllas puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos (Caso Gangaram Panday, Sentencia de 21 de enero de 1994. Serie C No. 16, párr. 49). * * * 52. El Estado ofreció, con carácter de prueba documental, una sentencia judicial, tres oficios y cuatro artículos (Cfr. sentencia del Tribunal Constitucional publicada en el Diario “El Peruano” el 9 de mayo de 1997, mediante la cual “Declararan improcedente demanda de inconstitucionalidad interpuesta contra diversos artículos de las Leyes No. 26479 y 26492”; oficio No. 1009-97-IN011204000000 dirigido al señor Luis Reyes Morales, Presidente de la Comisión Evaluadora de la Ley de Arrepentimiento, de 29 de octubre de 1997; artículos titulados “Premios a la Resistencia”, “Comandante EP Pedro Rejas, El Colorado del Rescate”, “Manuel Aguirre Roca, Defensa Constitucional” y “Carolina Loayza, Abogada y Hermana”, publicados en “Ilustración Peruana Careta”, de 26 de diciembre, 1997-No.1497; oficio No. 224-98-INPE/CR.SE., dirigido al señor Mario Federico Cavagnaro Basile, Procurador Público, de fecha 27 de abril de 1998 y oficio No. 082-98-D-EPMSM/CH-PNP dirigido al general PNP. Rodolfo Angeles Varillas, Secretario Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del INPE de 21 de abril de 1998).