posible agresor, y 4) existe capacidad de actuar por parte del posible agresor. Tlachinollan y CEJIL señalaron además los siguientes hechos nuevos: i) En mayo de 2019, la señora Fernández Ortega acudió a un taller sobre los derechos de las mujeres, realizado en Tlapa de Comonfort. En el taller la señora Fernández Ortega compartió su proceso de búsqueda de justicia. Al regresar a su casa de habitación encontró “a su perro muerto, al parecer por veneno, situación que ya le había sucedido anteriormente con otro de sus perros, por lo que se asustó y entró rápidamente a su domicilio, sin saber qué había sucedido”. ii) En agosto de 2019, el hijo de la beneficiaria, Neftalí Prisciliano Fernández, fue interceptado por familiares del militar acusado en el caso, cuando se encontraba conduciendo. Lo retuvieron y trasladaron hasta la oficina de la policía de tránsito del municipio de Ayutla. iii) El 2 de diciembre de 2019 alrededor de las 22:30 horas, la beneficiaria Noemí Prisciliano Fernández estaba por cerrar su local de verduras, cuando un carro gris se impactó en contra de un poste de luz, cerca de su local. Dicho auto al parecer era perseguido por la Policía Estatal. Ante esto, la beneficiaria intentó llamar a su esposo. No obstante, no tenía señal en el local por lo que salió a la calle para realizar la llamada. En ese momento elementos de la policía estatal del Estado de Guerrero empezaron a increparla, diciéndole que ella los estaba grabando y que dejara de hacerlo. Aunque ella les respondió que no los estaba grabando y que sólo quería realizar una llamada, los elementos estatales comenzaron a ser más agresivos con ella, y le tomaron fotografías. La beneficiaria siguió guardando las cosas de su negocio y salió nuevamente para meter una banca que tiene afuera de su local, cuando salió los policías siguieron agrediéndola verbalmente, uno de ellos le señaló que se subiera a la patrulla y que le iban a dar una vuelta, de forma amenazante. Esta situación asustó a la beneficiaria y enseguida se metió a su negocio. Ya adentro, uno de los policías, de quien recuerda su sobrenombre, ingresó a su negocio y le dijo que no tenía que estar acercándose ni metiéndose donde no la llamaban. iv) Desde el 1 de febrero de 2020, Noemí Prisciliano Fernández y su familia comenzaron a ver gente desconocida afuera de su domicilio en varias ocasiones. A pesar de solicitarlo expresamente a las autoridades, no se realizó ninguna acción para salvaguardar su integridad debido a que las autoridades no lograron ubicar su domicilio. En vista de ello, el 5 de febrero de 2020, la joven Prisciliano Fernández y su familia salieron de su ciudad, ante el miedo a ser víctimas de algún tipo de agresión, para lo cual solicitaron el apoyo de la Secretaría de Gobernación, a fin de que se les brindara seguridad para realizar su traslado. 8. La Corte advierte que, de la información proporcionada por Tlachinollan y CEJIL, así como del análisis de riesgo efectuado, se desprende que la señora Fernández Ortega y su familia continúan en una situación de riesgo. En este sentido, este Tribunal estima procedente que el Estado mantenga y refuerce las medidas de protección para estos beneficiarios. 9. Respecto a los beneficiarios miembros de Tlachinollan, la Comisión Nacional consideró que “las actividades de defensa y promoción de los derechos humanos que llevan a cabo desde el Centro colocan a sus colaboradores en una clara situación de riesgo, tomando en consideración el contexto en que desarrollan sus tareas y los intereses que pudieran estar vinculados a los casos que acompañan”. La Comisión Nacional señaló que “uno de estos casos es el de Inés Fernández, el cual los vincula con las presentes medidas provisionales, no obstante, no tiene elementos suficientes para afirmar que la situación de riesgo en que se encuentran las personas beneficiarias del Centro Tlachinollan, derivada de sus acciones de defensa y protección de derechos humanos, tiene su origen en el caso Inés Fernández y otros”. 4