206. Con respecto al protocolo sobre abordaje integral y valoración médico legal para casos de niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte ordena al Estado de Bolivia que adopte un protocolo específico estandarizado para que todo el personal de salud, ya sea público o privado y, de forma particular, el personal del Instituto de Investigaciones Forenses, cuente con los criterios necesarios para la ejecución de los exámenes que correspondan, conforme con los criterios establecidos en el párrafo 107 de la presente Sentencia y la jurisprudencia de la Corte, así como los estándares internacionales en la materia. El Tribunal resalta que, de considerarse necesaria la realización de un examen médico, el Estado deberá garantizar al menos lo siguiente: (i) deberá evitarse, en la medida de lo posible, más de una evaluación física; (ii) debe ser realizado por un profesional con amplio conocimiento y experiencia en casos de violencia sexual de niñas, niños y adolescentes; (iii) la víctima o su representante legal, según el grado de madurez de la niña, niño o adolescente, podrá elegir el sexo de la persona profesional; (iv) el examen debe estar a cargo de una persona profesional de salud especializada en la atención de niñas y niños con formación específica para realizar los exámenes médicos forenses en casos de violencia sexual; (v) deberá llevarse a cabo luego del consentimiento informado de la víctima o de su representante legal, según su grado de madurez, tomando en cuenta el derecho de la niña, niño o adolescente a ser oído, y (vi) se realizará en un lugar adecuado y se respetará su derecho a la intimidad y privacidad, permitiendo la presencia de un/una acompañante de confianza de la víctima y estando vedado la participación o presencia de otras personas profesionales que no estén expresamente autorizados por la víctima o su representante legal. 207. Finalmente, en relación con el protocolo específico estandarizado de atención integral para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual, la Corte considera que el Estado deberá brindar medidas de protección desde el momento en el que tome conocimiento de la violencia sexual, conforme con los criterios establecidos en los párrafos 101, 103 y 105 de la presente Sentencia. En particular, la Corte ordena al Estado que dicho protocolo garantice el establecimiento de protecciones especiales y acompañamiento especializado, médico, psicológico y/o psiquiátrico para que las niñas, niños y adolescentes puedan participar de forma efectiva en el proceso penal, evitando la revictimización y conforme a sus vivencias y entendimiento. El protocolo, además, deberá garantizar que se brinde asistencia antes, durante y después de las investigaciones y proceso penal para lograr la reintegración y rehabilitación de las víctimas. En este sentido, se brindará asistencia inmediata y profesional, tanto médica, psicológica como psiquiátrica a cargo de personal especializado, con perspectiva de género y niñez, y sin discriminación, para las víctimas y sus familiares, durante el tiempo que sea necesario para lograr la rehabilitación. La Corte estima que este protocolo deberá estar dirigido no solo al personal de salud que interviene en casos de violencia sexual, sino también al personal de apoyo social y familiar que de forma integral brindan atención a las víctimas, por lo que deberá incluir los mecanismos de apoyo con los que cuentan dichas víctimas y sus familiares. El protocolo deberá, asimismo, establecer claramente las acciones de coordinación entre distintas instancias estatales que brindan asistencia a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual en Bolivia. 208. Bolivia deberá cumplir con las medidas de reparación dispuestas en este apartado en el plazo de dos años desde la notificación de la presente Sentencia. Asimismo, el Estado deberá crear un sistema de indicadores que permitan medir la efectividad de los protocolos referidos anteriormente y comprobar, de manera diferenciada y por género y edad, la disminución sustantiva de la impunidad respecto de los delitos de violencia sexual cometidos contra niñas, niños y adolescentes328. Para cumplir con esta obligación, el Estado cuenta con un plazo de dos años a partir de la adopción de los referidos protocolos. d.3 Programas de capacitación y sensibilización 209. La Corte nota que los programas de capacitación llevados a cabo por el órgano ejecutivo y 328 Cfr. Caso Digna Ochoa y familiares Vs. México, supra, párr. 179, y Caso Sales Pimenta Vs. Brasil, supra, párr. 172. 66

Select target paragraph3

Connect to a paragraph
Connect to an entity
Disable highlights
Add to table of contents