Forenses, con el objetivo de acreditar la certificación correspondiente a dichos profesionales, brindarles formación sobre el trato adecuado a las niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia sexual durante los exámenes médicos, y con miras a que dichos exámenes sean llevados a cabo conforme a los criterios establecidos en la presente Sentencia (supra párr. 107) y a los estándares internacionales en la materia. 213. Por otro lado, el Estado deberá implementar una campaña de concientización y sensibilización, por medio de un canal abierto de televisión, radio y redes sociales, orientada a enfrentar los esquemas socioculturales que normalizan o trivializan el incesto. La campaña deberá estar dirigida a la población de Bolivia en general y tomar en cuenta la diversidad cultural y lingüística existente en el país. Deberá, además incluir información sobre las circunstancias de vulnerabilidad que facilitan la ocurrencia del incesto, la existencia de un agravante para la penalización de esta conducta, las cifras de incesto en Bolivia, los derechos de niñas y niños, y la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales. Asimismo, la campaña deberá tener perspectiva de género y niñez, y deberá ser comprensible para toda la población. 214. El Estado debe cumplir con las medidas de reparación dispuestas en este apartado en el plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente Sentencia. El Estado deberá presentar un informe anual por cinco años, en el que indique las acciones que se han realizado para tales fines. d.4 Educación sexual para niñas, niños y adolescentes 215. La Corte ha indicado que la educación sexual y reproductiva debe ser apta para posibilitar a las niñas y los niños un adecuado entendimiento de las implicancias de las relaciones sexuales y afectivas, particularmente en relación con el consentimiento para tales vínculos y el ejercicio de las libertades respecto a sus derechos sexuales y reproductivos331. Al respecto, Bolivia ha indicado que se encuentra elaborando un Programa de Educación Integral en Sexualidad. Sin embargo, el Tribunal nota que el programa no ha sido aprobado hasta el momento y que el Estado no aportó información adicional sobre otras medidas en este sentido que se encuentren vigentes. 216. Por tanto, la Corte considera pertinente que el Estado, en un plazo de dos años a partir de la notificación de la presente Sentencia, incorpore en los materiales de enseñanza obligatoria escolar información adecuada, oportuna y acorde al nivel de madurez de las niñas, niños y adolescentes orientada a dotarles de herramientas para prevenir, identificar y denunciar hechos constitutivos y riesgos de violencia sexual. Dichos materiales deben incluir información sobre la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales y sobre el incesto. El Estado deberá presentar un informe anual por tres años, en el que indique las acciones que se han realizado para tales fines. d.5 Estadísticas sobre violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes 217. La Corte valora la información presentada por el Estado respecto de la existencia del Sistema de Información de la Niña, Niño y Adolescente ("SINNA") y de registros y estadísticas realizadas por la Policía boliviana y el Ministerio Público, y el uso que se ha dado a dichas bases de datos para el desarrollo de instrumentos técnicos como el Modelo Boliviano Integrado de Actuación frente a la Violencia en Razón de Género y para el Fortalecimiento de capacidades de los diferentes actores en la atención de casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes. Sin embargo, la Corte nota que dicha información se encuentra fragmentada en diferentes instituciones nacionales y que los datos no son de acceso público. 218. Considerando lo anterior y teniendo en cuenta la importancia del acceso a la información para la formulación de políticas públicas adecuadas dirigidas a prevenir la repetición de hechos como los del presente caso, este Tribunal ordena que el Estado diseñe, en el plazo de un año, e implemente, 331 Caso Guzmán Albarracín y otras Vs. Ecuador, supra, párr. 139. 68

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