176. Tomando en cuenta las violaciones a la Convención Americana y a la Convención de Belém do
Pará declaradas en el capítulo anterior, a la luz de los criterios fijados en la jurisprudencia del Tribunal
en relación con la naturaleza y alcances de la obligación de reparar315, la Corte analizará las
pretensiones presentadas por la Comisión y los representantes, así como los argumentos del Estado
al respecto, con el objeto de disponer a continuación las medidas tendientes a reparar dichas
violaciones.
177. El Tribunal estima pertinente resaltar que la víctima manifestó de forma expresa que no
solicitaría medidas de rehabilitación ni indemnización compensatoria, razón por la cual, lo tendrá en
consideración al momento de fijar las reparaciones.
A. Parte lesionada
178. Este Tribunal considera parte lesionada, en los términos del artículo 63.1 de la Convención, a
quienes han sido declaradas víctimas de la violación de algún derecho reconocido en la misma. Por
lo tanto, esta Corte considera como “parte lesionada” a la señora Brisa De Angulo Losada, quien, en
su carácter de víctima de las violaciones declaradas en el capítulo VII de la presente Sentencia, será
beneficiaria de las reparaciones que la Corte ordene.
B. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y, en su caso, sancionar a
los responsables
179. La Comisión solicitó que la Corte ordene al Estado de Bolivia “continuar la investigación y
proceso penal de manera diligente, efectiva, con perspectiva de género y niñez y dentro de un plazo
razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, y determinar las posibles
responsabilidades con sus correspondientes sanciones”. Indicó que, en el marco de la continuidad de
la investigación y el proceso penal, el Estado deberá (a) disponer todas las medidas a su alcance
para subsanar y corregir las múltiples deficiencias, irregularidades y omisiones; (b) abstenerse de
invocar estereotipos, e (c) iniciar de oficio una investigación sobre la actuación de los funcionarios,
tanto médicos como de otra índole, que cometieron directamente o contribuyeron a la materialización
de las violaciones alegadas.
180. Los representantes solicitaron que la Corte ordene a Bolivia: i) la captura, extradición,
enjuiciamiento y posterior sanción de E.G.A., a fin de asegurar que la víctima tenga acceso a la
justicia; ii) iniciar una investigación de oficio contra las acciones de M.C.A., la entonces jueza
presidenta del Tribunal de Sentencia No 2 de la Corte Superior de Bolivia, quien habría contribuido
directamente a la revictimización de Brisa y su familia durante el juicio y a las alegadas violaciones
de sus derechos humanos.
181. El Estado rechazó las solicitudes de la Comisión y los representantes. Recordó que se
encuentra en curso la solicitud de detención con fines de extradición en Colombia contra E.G.A., por
lo que, independientemente de cualquier decisión de la Corte, desarrollará el juicio oral conforme a
la normativa interna, los instrumentos internacionales y la jurisprudencia de la Corte, una vez que
logre la extradición del imputado rebelde. Además, hizo notar que ni la Comisión ni los representantes
señalaron hechos concretos que, conforme a la legislación nacional y el principio de legalidad, puedan
constituir delitos o faltas disciplinarias, ni identificaron a las autoridades estatales que serían
responsables de las alegadas violaciones. Aclaró que, respecto a la entonces Jueza Presidenta del
Tribunal de Sentencia No. 2 de la Corte Superior de Bolivia, la sentencia de absolutoria del Tribunal
fue colegiada y, posteriormente, anulada y enmendada, y que la presunta víctima no ha iniciado
procesos disciplinarios ni penales en su contra.
315
Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas, supra, párrs. 25 a 27, y Caso Sales Pimenta Vs.
Brasil, supra, párr. 138.
59
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