195. La Corte recuerda que el Estado debe prevenir la ocurrencia de violaciones a los derechos humanos como las descritas en este caso y, por ello, adoptar todas las medidas legales, administrativas y de otra índole que sean pertinentes para tal efecto321. El Tribunal valora de manera positiva los avances que el Estado ha realizado con posterioridad a los hechos de este caso, de modo que los tendrá en cuenta a la hora de determinar las garantías de no repetición del presente caso. d.1 Adecuación de la legislación interna 196. Este Tribunal valora positivamente las diferentes leyes que ha implementado el Estado contra la violencia de género, la violencia sexual y en favor de la protección de niñas, niños y adolescentes322, así como las diferentes reformas procesales que buscan facilitar el acceso a la justicia por parte de las víctimas de violencia sexual323. Particularmente, la Corte resalta la modificación del Código de Procedimiento Penal, que establece que los tribunales de sentencia se integren por tres jueces técnicos, y no por dos profesionales de justicia y dos ciudadanos como estaba establecido al momento de los hechos324, lo que garantiza que casos de violencia sexual contra personas menores de edad sean juzgados por autoridades judiciales de carácter técnico, que pueden contar con la debida capacitación y especialización. 197. Sin perjuicio de lo anterior, la Corte estima pertinente ordenar algunas adecuaciones legislativas en cuanto constituyen medidas encaminadas a eliminar obstáculos y contribuir a la obtención de justicia por parte de niñas y niños víctimas de violencia sexual. Asimismo, las referidas reformas normativas tienen por finalidad sancionar a aquellos que utilicen su posición de poder, control o influencia sobre las personas menores de edad para abusar o explotar su dependencia o vulnerabilidad, y eliminar estereotipos de género y la discriminación en la penalización de actos de violencia sexual. 198. Respecto a la tipificación del delito de violación, la Corte observa que, a pesar de que la última modificación que se hizo a este tipo penal (supra párr. 43) incluye el requerimiento de que los actos sexuales sean no consentidos, el consentimiento aparece como un elemento tangencial y adicional para la configuración del delito de violación, pues se sigue requiriendo que se ejerza intimidación, violencia física o psicológica, o que la víctima estuviera en incapacidad de resistir. Por tanto, el Estado deberá, en un plazo razonable, adecuar su ordenamiento jurídico interno de tal manera que la ausencia de consentimiento sea central y constitutiva del delito de violación sexual, de modo tal que no se exija que el delito sea cometido mediante violencia o intimidación, bastando la falta de consentimiento para el acto sexual. En la tipificación de este delito, se deberán tener en cuenta las circunstancias coercitivas que anulan el consentimiento, de acuerdo con los estándares establecidos en los párrafos 145 a 149 de la presente Sentencia. 199. Adicionalmente, este Tribunal advierte que el delito de estupro se basa en tradiciones y estereotipos de género; no identifica las particulares condiciones de vulnerabilidad de la víctima; Cfr. Caso Suárez Rosero Vs. Ecuador. Fondo. Sentencia de 12 de noviembre de 1997. Serie C No. 35, párr. 106, y Caso Barbosa de Souza y otros Vs. Brasil, supra, párr. 186. 321 Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia (Ley No. 348 de 2013); Código de la Niña, Niño y Adolescente actualizado (Ley No. 548 de 2014); Código de las Familias y del Proceso Familiar (expediente de fondo, folios 106, 107, 233, 235, 511). 322 La Ley No. 1970 de 2010 modificó el Código de Procedimiento Penal limitando la duración de los procedimientos en casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes a un máximo de 3 años, contados a partir del primer acto del procedimiento. La Ley de Abreviación Procesal Penal y de Fortalecimiento de la Lucha Integral contra la Violencia a Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres que dispone que, en el caso de las víctimas menores de edad y agresores mayores de edad, la prescripción de ocho años comienza a correr cuatro años después de que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad (Ley No. 1173 de 2019). La Ley del Órgano Judicial (Ley No. 025 de 2010), contempla dentro de la estructura organizativa del órgano judicial, a los juzgados públicos en materia de niñez y adolescencia, así como a los juzgados públicos en materia de violencia intrafamiliar o doméstica (expediente de fondo, folios 106, 186, 232, 520). 323 Artículo 8° de la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal, de 30 de octubre de 2014, se modificó el Artículo 52 de la Ley de Procedimiento Penal. 324 63

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