procesal penal a fin de crear incentivos para que los acusados se sometan a un proceso penal
abreviado en casos de violencia sexual contra niños, niñas y personas adolescentes, (b) el
enjuiciamiento efectivo de los casos de violencia sexual contra la niñez a través de fiscales
especializados, prácticas que impidan la revictimización y procedimientos adaptados a la niñez, así
como recursos judiciales efectivos. Para la referida efectividad, el Estado debe “colaborar con un
observatorio nacional establecido por la sociedad civil para la gestión de los juicios en los casos de
violencia sexual contra los niños y prestarle apoyo”, (c) políticas y procedimientos eficaces de captura
y recaptura, (d) asegurar que el personal de los organismos especiales de protección de la infancia
o las oficinas del defensor del pueblo cuenten con posiciones estables y un financiamiento y
capacitación adecuada para la gestión de la violencia sexual contra los niños, niñas y personas
adolescentes, (e) asignaciones presupuestarias anuales y suficientes, y (f) mecanismos de vigilancia
y supervisión.
222. El Estado rechazó la solicitud de la Comisión. Además, recordó que la presunta víctima, motu
propio, decidió no acudir a las instituciones y profesionales especializados de salud pública, y que,
en etapa previa al sometimiento del caso ante la Corte, manifestó su “rechazó a concertar con el
Estado la atención médica o psicológica”. En ese sentido, la presunta víctima no incorporó esta
medida dentro de sus solicitudes. Respecto de las indemnizaciones compensatorias, tomando en
cuenta la falta de agotamiento de los recursos internos y la inexistencia de las vulneraciones
alegadas, no correspondería disponer una compensación económica. Asimismo, destacó que la
presunta víctima manifestó que no solicitaba indemnización alguna para sí misma y, en tal sentido,
no estableció monto alguno por concepto de reparación material o inmaterial. Por otra parte, el
Estado rechazó todas las pretensiones formuladas en cuanto a las medidas de satisfacción y
manifestó que Brisa, sus padres y abogados/as no demostraron la existencia de alguna persecución
contra las y los potenciales beneficiarios de las medidas por su participación en el caso, y de ser así,
no acudieron ante las autoridades competentes. Agregaron, que las y los propuestos beneficiarios y
Brisa, inclusive, han venido ejerciendo sus labores en el Centro Una Brisa de Esperanza. Indicó que
al no existir las vulneraciones alegadas no les correspondería realizar las publicaciones solicitadas ni
la rueda de prensa. Señaló que a través de sus reparticiones el Estado ya apoya el Día Nacional de
Solidaridad con las Víctimas de Agresiones Sexuales y en contra de la Violencia Sexual en Niños,
Niñas y Adolescentes. Por último, señaló que, desde hace varios años, viene generando legislación,
políticas públicas y acciones institucionales para luchar contra la violencia sexual.
223. En cuanto a las garantías de no repetición solicitadas, el Estado manifestó su rechazo a las
solicitudes planteadas. Indicó que, de forma progresiva, viene implementando políticas públicas y
medidas legislativas, institucionales y administrativas, para luchar contra la violencia sexual y
promover los derechos de los niños, niñas, personas adolescentes y mujeres. Respecto a las reformas
legislativas, señaló que la obligación estatal de adoptar su normativa interna se debe enmarcar en
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos, no en requerimientos personales. Al respecto,
advirtió que no se identificó ni justificó que la legislación penal vigente sea contraria a los tratados
internacionales suscritos por Bolivia. Finalmente, recordó que Bolivia ya ha modificado su legislación
penal, en tanto que incrementó las penas de aquellos delitos donde las víctimas son niñas, niños y
personas adolescentes.
224. La Corte ha ordenado medidas de rehabilitación cuando determina que los hechos bajo análisis
han afectado la integridad personal de las víctimas, como sucede en el presente caso (supra párr.
171). Por otro lado, este Tribunal ha desarrollado en su jurisprudencia el concepto de daño material
y ha establecido que este supone la pérdida o detrimento de los ingresos de las víctimas, los gastos
efectuados con motivo de los hechos y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan un nexo
causal con los hechos del caso332. Asimismo, la Corte ha establecido en su jurisprudencia que el daño
inmaterial “puede comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados por la violación como
332
Cfr. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C
No. 91, párr. 43, y Caso Aroca Palma y otros Vs. Ecuador, supra, párr. 144.
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