5 asesinato determinantes para establecer si el acusado debe ser encontrado culpable del delito de homicidio, o de un delito menor, impone la pena de muerte en caso de que el acusado sea encontrado culpable de asesinato, pero no permite al juez o al jurado considerar las circunstancias personales del acusado o del delito; 26. Los procedimientos de revisión judicial internos respecto de las condenas penales pueden adoptar dos formas: una apelación penal contra la condena o una acción de inconstitucionalidad al amparo de la sección 14 de la Constitución. El artículo 6 de la Constitución de Trinidad y Tobago protege contra la impugnación, en virtud de las secciones 4 y 5 de la misma, de toda reivindicación contra una ley o una acción adoptada al amparo de ley vigente en 1976, fecha de entrada en vigencia de la Constitución, que viole derechos fundamentales consagrados en las secciones 4 y 5 de la Constitución. Ello incluye todo argumento de que el acto ejecutivo de la materialización de una sentencia de muerte pronunciada por un tribunal al amparo de una ley vigente en 1976 abroga, restringe o infringe de alguna manera los derechos o libertades constitucionales de un condenado; 27. Además, la sección 4 de la Constitución de Trinidad y Tobago sólo garantiza el derecho a un juicio justo y no a un juicio rápido, dentro de un plazo razonable. Consecuentemente, una prolongada demora previa al juicio en una causa penal no puede de por sí plantear un problema en virtud de la Constitución de Trinidad y Tobago, sino que es simplemente un factor a tener en cuenta por el Juez de la Primera Instancia cuando evalúa la cuestión general de la justicia; 28. La Constitución de Trinidad y Tobago establece un Comité Consultivo de Indulto, que tiene a su cargo estudiar y hacer recomendaciones al Ministro de Seguridad Nacional sobre si un delincuente sentenciado a muerte debe beneficiarse de la discreción presidencial del indulto en virtud de la Constitución mencionada. La ley no establece criterio alguno para ejercer las funciones del Comité o la discreción presidencial, y el delincuente no tiene derecho legal alguno a formular exposiciones ante el Comité para presentar, recibir o impugnar las pruebas que el Comité considere pertinente tomar en cuenta. La facultad de indulto es un acto de clemencia que no es materia de derecho alguno y por tanto, de revisión judicial. III PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 3. Entre julio de 1997 y abril de 1999 la Comisión recibió 23 peticiones de varias firmas británicas de abogados (en adelante “los peticionarios”), en nombre de 24 supuestas víctimas cuyos derechos habrían sido violados por el Estado. La Comisión inició el conocimiento de los hechos materia de la presente demanda en diversas fechas comprendidas entre agosto de 1997 y abril de 1999, tras lo cual abrió los casos 11.787, 11.814, 11.840, 11.851, 11.853, 11.855, 12.005, 12.021, 12.042, 12.043, 12.052, 12.072, 12.073, 12.075, 12.076, 12.082, 12.093, 12.111, 12.112, 12.129, 12.137, 12.140 y 12.141 y remitió al Estado las partes pertinentes de las denuncias y solicitó una respuesta.