de grandes operaciones militares, incluyendo matanzas y desplazamientos masivos de la población civil. Una
serie de masacres tuvieron lugar en Petén a partir de esa fecha.
4.
A la fecha de la masacre, la aldea o caserío Los Josefinos -compuesta por un pequeño centro urbano de
aproximadamente 82 ranchos- era habitada mayoritariamente por población no indígena y estaba organizada
por el Ejército bajo el esquema de las PAC. En la mañana del 29 de abril de 1982, integrantes de la guerrilla
armados entraron a Los Josefinos y capturaron al comisionado militar Manuel Galdámez y a Juan Carlos
Calderón. Luego de una reunión con los pobladores, se oyeron dos disparos y los cadáveres de Galdámez y
Calderón aparecieron abandonados al poniente de la comunidad. Durante horas de la tarde, la guerrilla y el
Ejército se enfrentaron en un lugar cercano, donde el Ejército sufrió varias bajas. Cerca de las 7 de la tarde, los
habitantes comenzaron a oír el ruido de tanquetas y camiones que rodeaban la aldea. Alrededor de la media
noche, soldados del Ejército Nacional irrumpieron a pie en Los Josefinos disparando contra los patrulleros que
hacían vigilancia en la entrada, matando al menos a cinco de ellos. Seguidamente, procedieron a ejecutar
indiscriminadamente a las personas que se encontraban en el camino y a prender fuego a las viviendas. Fueron
casa por casa disparando, degollando y golpeando a hombres, mujeres, niños y niñas.
5.
Si bien no existe certeza absoluta sobre número de personas ejecutadas durante la masacre, en base a
la información obtenida por FAMDEGUA, se estima que éstos incluyen, a lo menos, a 28 adultos y 14 niños y
niñas. Los que lograron escapar huyeron hacia los montes cercanos y en la urgencia de la huida, algunos se
separaron de sus familiares, desconociendo su destino. Al menos tres individuos fueron capturados por el
Ejército y hasta el momento no se tiene información sobre ellos, por lo que se alega que fueron víctimas de
desaparición forzada. Además, otros 8 individuos que sobrevivieron a la masacre, incluyendo 2 niños, aún se
encuentran desaparecidos. Algunos de los sobrevivientes fallecieron durante la huida, debido a las heridas o a
la dureza de las condiciones. Los que retornaron a Los Josefinos al día siguiente, encontraron cadáveres
calcinados o esparcidos por la aldea y sus casas, ganado y bienes sustraídos, calcinados o destrozados. El
Ejército designó a algunas personas para que cavaran una fosa común, en la que -transportados con un tractorse enterraron a algunas de las víctimas sin identificación, ceremonia o participación de los familiares, luego de
lo cual el Ejército ordenó a todos los presentes abandonar la aldea. Los sobrevivientes fueron víctimas de
amenazas y hostigamientos, por lo que se vieron forzados a huir y establecerse en otros puntos del país o el
extranjero.
6.
El Estado de Guatemala no inició una investigación de oficio respecto de los hechos. Además, si bien
los sobrevivientes identificaron a los soldados del Ejército de Guatemala como responsables de los hechos,
alegan que no se atrevieron a denunciarlos inmediatamente por temor a represalias. Solo una vez iniciadas las
negociaciones de paz, el 15 de enero de 1996, FAMDEGUA solicitó la exhumación de los cadáveres enterrados
en la fosa común, como anticipo de prueba y acompañando declaraciones notariales. Entre marzo de 1996 y
marzo de 1997 se llevó a cabo la exhumación de los restos enterrados en la fosa común por parte del Equipo
de Antropología Forense de Guatemala (EAFG) y se inició formalmente una investigación. Tras ciertas
diligencias, el caso quedó inactivo hasta que, en mayo de 2005, la Corte Suprema requiriera una certificación
del proceso para envío a la CIDH, lo que derivó en una reactivación parcial de la investigación, que aún
permanece abierta, y sin conclusión, a la fecha.
7.
En cuanto al derecho, la parte peticionaria alega que el Estado de Guatemala es responsable por la
violación del derecho a la vida y la integridad personal, así como sus correlativas obligaciones procesales,
conforme a los artículos 4.1 y 5, en conexión con el 1.1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
(en adelante “la Convención Americana” o “la Convención”), como consecuencia de la ejecución extrajudicial
de, al menos, 42 personas y la desaparición de ocho y por haber faltado a su deber de garantizar los derechos
por la falta de una investigación diligente y efectiva y el juzgamiento de los responsables, tanto respecto de los
hechos cometidos por el Ejército como por los cometidos por la guerrilla. Además, Guatemala sería responsable
de la desaparición forzada de, al menos, tres personas en violación de los derechos reconocidos en los artículos
3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7, en relación con el 1.1, de la Convención, así como los artículos I.a y I.b de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP). Guatemala también habría violado los
derechos de propiedad, de vida privada y familiar, y a no ser desplazado forzosamente, vulnerando los derechos
reconocidos en los artículos 11.2, 21.1-2 y 22.1-5 de la Convención. Además, el Estado no habría protegido a

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