227. Los representantes solicitaron que el Estado lleve a cabo una investigación
independiente, pública y exhaustiva sobre las irregularidades cometidas en la Asamblea
Nacional, en el periodo 2002-2006; y se determine si se produjo un daño patrimonial a los
pensionados y jubilados de la institución o a la Caja de Ahorros que los beneficiaba. Así mismo,
solicitaron que se abra un proceso disciplinario contra el Juez Elías Álvarez para investigar las
graves irregularidades que cometió en el procedimiento de Tulio Álvarez.
228. Además, solicitaron que se dejen sin efectos la Sentencia N° 1063 de 3 de noviembre
de 2010, emanada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
229. Por otra parte, solicitaron que se adopten las medidas necesarias para cesar, de
inmediato, todos los actos de persecución, discriminación y desprestigio del Estado y sus
funcionarios públicos, realizados contra el señor Álvarez.
230. Finalmente, requirieron la realización de un acto de disculpa y reconocimiento de
responsabilidad internacional por medio de la publicación de la sentencia que se dicte en el
presente caso.
231. Al respecto, la Corte considera que el contenido de las denuncias realizadas por el
señor Álvarez en el artículo de opinión que dio origen al presente caso, no son objeto del
presente litigio ante el Sistema Interamericano, de modo que no considera necesario ordenar
una investigación al respecto. Tampoco procede ordenar un proceso disciplinario en contra del
Juez Elías Álvarez.
232. Por otra parte, la Corte considera que las medidas de reparación ordenadas en la
presente Sentencia son suficientes y adecuadas a las violaciones declaradas, de modo que no
considera pertinente ordenar medidas adicionales.
F.
Costas y Gastos
233. Los representantes solicitaron a la Corte que ordenara al Estado el pago de las costas
y gastos judiciales que se hayan originado en la tramitación del caso, tanto en el ámbito
interno como ante el sistema interamericano. Mencionaron que la condena implicó
la publicación de la extensa sentencia en dos diarios del país, lo que representó un gasto de
Bs.132.810.000 bolívares, aproximadamente USD 45.790,00.
234. Indicaron que los gastos por la representación judicial de la víctima en el proceso
judicial interno ascendieron a Bs. 27.950.000 bolívares y 27.750 bolívares fuertes, equivalente
a aproximadamente USD 25.900.00. Asimismo, solicitaron que los compromisos de pago
asumidos con otros profesionales del derecho sean también considerados como gastos, lo que
ascendió a USD 10.000,00. El total de gastos con abogados en el proceso interno alcanzó,
aproximadamente, el monto de USD 35.900,00.
235. En relación con las costas y gastos por la representación ante el Sistema
Interamericano de Derechos Humanos, los representantes solicitaron la suma total de USD
30.175,52, lo que incluye gastos de viajes aéreos, traslados y hospedaje, correo, honorarios
profesionales y de expertos que rindieron declaración en el proceso.
236.
El Estado afirmó que no existen claros elementos objetivos que permitan establecer
el monto de costas y gastos, toda vez que están sometidos a factores aleatorios
completamente incomparables.
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