INFORME No. 50/14
PETICIÓN 779-11
ADMISIBILIDAD
JINETH BEDOYA LIMA
COLOMBIA
21 de julio de 2014

I.

RESUMEN

1.
El 3 de junio de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
“Comisión”, “Comisión Interamericana” o “CIDH”) recibió una petición presentada por la Fundación para la
Libertad de Prensa (en adelante “la FLIP” o “la peticionaria”), mediante la cual se alega la responsabilidad
internacional de la República de Colombia (en adelante “el Estado” o “Colombia”) por la presunta violación de
los artículos 4 (Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal), 7 (Derecho a la libertad personal), 8
(Garantías judiciales), 11 (Protección de la honra y de la dignidad), 13 (Libertad de pensamiento y expresión),
17 (Protección a la familia), 22 (Circulación y residencia), 24 (Igualdad ante la ley) y 25 (Protección judicial)
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante la “Convención Americana” o la
“Convención”), en relación con la obligación general establecida en los artículos 1.1 y 2 del dicho instrumento
internacional en perjuicio de la periodista Jineth Bedoya Lima (en adelante “Jineth Bedoya” o “la presunta
víctima”). Asimismo, la peticionaria alegó la violación de los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como del artículo 7b de la Convención Interamericana para Prevenir,
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (en adelante “Convención de Belém do Pará”).

2.
La petición se refiere al presunto secuestro, tortura y violación sexual de la periodista Jineth
Bedoya Lima el 25 de mayo de 2000, en las inmediaciones de la Cárcel Nacional Modelo en Bogotá, por motivos
que estarían vinculados a su profesión. Según la peticionaria, al momento de los hechos alegados, la periodista
trabajaba en el periódico El Espectador, y se encontraba haciendo un reportaje sobre el rol de la Fuerza Pública,
la Guardia de la Cárcel Nacional Modelo y paramilitares internos en una masacre ocurrida en dicha cárcel el 27
de abril de 2000. La peticionaria alegó que a la fecha de la presentación de la petición, los hechos no habrían
sido esclarecidos judicialmente, por lo que solicitó que la petición sea exceptuada del requisito del agotamiento
previo de los recursos de la jurisdicción interna dado al retardo injustificado de los mismos. Según la
peticionaria, once años después de haber ocurrido el hecho denunciado, el Estado no ha tomado medidas
efectivas tendientes a impedir que estos actos queden en la impunidad.

3.
Por su parte, el Estado solicitó a la Comisión que declare inadmisible la petición en virtud del
artículo 47 (a) y (b) de la Convención, ya que los hechos presentados no caracterizan una violación a la CADH
y aún hay recursos internos que no han sido agotados por la complejidad del caso. Al respecto, explicó que el
proceso se encuentra en etapa instructiva y que se han vinculado al mismo 3 personas. Afirmó que no se ha
configurado un retardo injustificado y, en consecuencia, no se configura la excepción contenida en el literal c
del numeral 2 del artículo 46 de la Convención, ya que las autoridades investigadoras han realizado diversas
diligencias para determinar los responsables de los hechos, y que las demoras producidas en el proceso se
deben a la complejidad del caso y no a la inacción de la autoridad investigadora o judicial. Asimismo, indicó que
la presente petición no presenta hechos que configuren la responsabilidad del Estado colombiano por acción o
por omisión, ni de forma directa o indirecta. Para el Estado, los hechos objeto de la petición están caracterizados
de manera clara como responsabilidad exclusiva de terceros.
4.
Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, tras analizar las posiciones de las partes y en
cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la Convención Americana, la Comisión
decide declarar admisible la presente petición en cuanto se refiere a la presunta violación de los artículos 4
(Derecho a la vida), 5 (Derecho a la integridad personal),7 (Derecho a la libertad personal), 8 (Garantías
judiciales), 11 (Protección de la Honra y Dignidad), 13 (Libertad de pensamiento y expresión), 17 (Protección
a la familia), 22 (Circulación y residencia), 24 (Igualdad ante la ley) y 25 (protección judicial) de la Convención
Americana, en relación con los artículos 1.1 (Obligación de respetar los derechos) y 2 (Deber de adoptar
disposiciones de derecho interno) del mismo instrumento. Asimismo, la CIDH decide declarar admisible la
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