12 pese a que se trataban de dos personas diferentes, de las cuales, sólo Ingrid Carolina Caballero Martínez tendría la mayoría de edad a la fecha de vencimiento de la inversión. En ese sentido, Bancafé informó que cambiar la titularidad implicaba cancelar el título vigente, crear otro, y perder las garantías de rendimientos financieros al ajustarlos a tasas actuales más bajas. Por lo expuesto, los representantes solicitaron que no se cambiara la titularidad y se diera solución a la situación del menor Iván Andrés, para que no se viera perjudicado. En la referida reunión no se abordó el tema de los intereses adeudados a la señora Ana Vitelma Ortiz; b) respecto de las investigaciones, la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía había ordenado la preclusión de la investigación penal a favor de las personas vinculadas al proceso penal, pero que había dispuesto que la investigación continuara en etapa preliminar, la cual se supone que no podría durar más de 6 meses. Asimismo, señalaron que, después de 16 años de ocurrida la desaparición de las víctimas, la investigación penal era precaria, ya que no se identificó ni sancionó a los responsables. Al respecto, solicitaron que la Fiscalía declarara la reapertura de la investigación, y se dejara sin efecto la sentencia absolutoria de 1990; y c) consideraban necesario que el Tribunal convocara a una audiencia pública para que el Estado explicara las razones por las cuales no había dado cumplimiento a sus sentencias. 47. La comunicación de 8 de julio de 2003 y su anexo, mediante la cual los representantes de las víctimas y sus familiares presentaron el documento original de las observaciones al informe del Estado. El anexo consiste en la Resolución emitida por la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía el 13 de junio de 2003. 48. El escrito de 8 de julio de 2003, mediante el cual la Comisión presentó sus observaciones al informe del Estado de 4 de abril del 2003 (supra Visto 45). Al respecto, indicó que debido a que se constituyó un CDT, a pesar que los beneficiarios eran dos personas diferentes, la inversión a favor del menor Iván Andrés Caballero Parra se sujetaría a nuevas tasas de rendimiento que le serían comparativamente desfavorables a las que le correspondería si el título valor mantuviera su vigencia hasta que el menor cumpliera la mayoría de edad. Además señaló, en relación con la investigación de los hechos, que la preclusión de la investigación, y su continuación en etapa preliminar podría hacer que en seis meses se diera por concluida en forma definitiva. Finalmente, la Comisión agregó que el Estado no había avanzado en la búsqueda y recuperación de los restos de las víctimas. 49. El informe del Estado de 19 de agosto de 2003, mediante el cual presentó información adicional a la del 4 de abril de 2003 (supra Visto 45). Al respecto, señaló que en la reunión celebrada con los peticionarios se había descartado el cambio de titularidad del título valor CDT, con el propósito de no desmejorar las condiciones financieras de los menores beneficiarios de las reparaciones. Asimismo, manifestó que el 1 de septiembre de 2004 el Ministerio de Defensa ordenaría a la entidad financiera Bancafé Internacional que transfiriera la mitad del dinero del CDT a una cuenta que se abriría a nombre de Ingrid Carolina, y se constituiría un nuevo certificado de depósito a término a nombre del representante del menor Iván Andrés Caballero Parra, con el monto del CDT actualmente constituido. Finalmente, el Estado informó que se había transmitido a la Fiscalía General de la Nación y al