62 a las presuntas víctimas resulta justificada porque ellos “realizaron pronunciamientos políticos […] incompatibles con la imparcialidad e independencia que les exigen las normas que les son aplicables”. Además, el Estado resaltó que las acciones de las presuntas víctimas no fueron justificados por el contexto en Honduras, puesto que no hubo golpe de Estado y que “[n]o existiendo violación alguna ni del ordenamiento jurídico hondureño ni de la Convención Americana por parte del Estado de Honduras, los peticionarios juegan al despiste ante la CIDH invocando motivaciones políticas”. 199. Como puede apreciarse, existe entre las partes controversia respecto del alcance del derecho a la libertad de expresión de las presuntas víctimas en su condición de jueces y jueza del Poder de Judicial y de la legitimidad de las distintas medidas adoptadas por el Estado en este caso, en el contexto del golpe de Estado. Al respecto, la CIDH estima que para determinar la existencia de una violación al artículo 13 de la Convención Americana debe poner de presente, en primer lugar, algunas consideraciones generales sobre el alcance y límites permisibles al derecho a la libertad de expresión de funcionarios judiciales. Sobre la base de estas consideraciones, la Comisión resolverá si existió una limitación al ejercicio del derecho a la libertad de expresión de cada una de las presuntas víctimas, y en caso afirmativo, si dicha limitación satisface los requisitos establecidos en el artículo 13.2 de dicho tratado. 200. En última instancia la Comisión analizará si, tal como lo afirman los peticionarios, la sujeción de las presuntas víctimas a procesos administrativos disciplinarios se constituyó en una medida de presión indirecta para silenciar la expresión de funcionarios del Poder Judicial en oposición del golpe de estado, en violación de lo dispuesto en el artículo 13.3 de la Convención Americana. 1. El derecho a la libertad de pensamiento y expresión de funcionarios del Poder Judicial 201. En el ámbito de la Convención Americana, la libertad de expresión es un derecho de toda persona, en condiciones de igualdad y sin discriminación. Según ha señalado la jurisprudencia, la titularidad del derecho a la libertad de expresión consagrada en dicho tratado no puede restringirse a determinada profesión o grupo de personas, ni al ámbito de la libertad de prensa279. Esta perspectiva amplia de la titularidad del derecho adoptada por la Convención Americana incluye, por supuesto, a los funcionarios públicos, quienes no dejan de lado sus derechos fundamentales al asumir sus cargos sino que gozan, al igual que el resto de las personas, de un amplio derecho a la libertad de expresión280. La Comisión considera que los jueces, en tanto que funcionarios públicos, gozan también de este derecho. 202. La doctrina y jurisprudencia interamericana ha admitido que el ejercicio del derecho a la libertad de expresión por parte de funcionarios públicos tiene ciertas connotaciones y características específicas281. La Comisión Interamericana considera que los funcionarios del Poder Judicial tienen un 279 Corte IDH. Caso Tristán Donoso Vs. Panamá. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de enero de 2009. Serie C No. 193, párr. 114. 280 A su turno, la Corte Europea de Derechos Humanos ha sostenido en distintas oportunidades que el derecho protegido por el Artículo 10 de la Convención Europea alcanza a los funcionarios y empleados públicos. Ver Corte Europea de Derechos Humanos, casos Vogt v. Germany, párr. 53 (sobre libertad de pensamiento y de expresión de una maestra de colegio público); Wille v. Lichtenstein, párr. 41 y ss. (sobre libertad de expresión de un juez sobre asuntos de competencia de la Corte Constitucional); Ahmed and others vs. United Kingdom, párr. 56 (sobre límites a la participación política de ciertos funcionarios públicos); entre otros. 281 Al respecto, los órganos interamericanos han sostenido que los funcionarios del Estado no solamente gozan del derecho a la libertad de expresión, sino que, bajo ciertas circunstancias, su ejercicio puede llegar a constituir un deber (Corte Continúa…