9 la denuncia ante la Comisión, precepto según el cual sólo después de agotada la jurisdicción interna, quien se considerase lesionado en los derechos que dicha Carta reconocía, podría recurrir a los tribunales u organismos internacionales constituidos según los tratados en los cuales Perú es Estado parte. Según el Gobierno, lo anterior resulta aún más grave, al apreciar en autos y en el texto de la demanda, que el afectado contaba con sentencias favorables de los tribunales peruanos en el mismo momento de la interposición de la denuncia ante la citada Comisión. Agrega el Gobierno que existió simultaneidad en la presentación de recursos en los ámbitos nacional e internacional, si se toma en consideración que el señor Cromwell Pierre Castillo Castillo, padre del señor Castillo Páez, interpuso el 25 de octubre de 1990 ante el 24º Juzgado Penal de Lima a cargo de la Juez Minaya Calle, una acción de hábeas corpus contra varias autoridades, que una vez tramitada originó la sentencia de 31 del mismo mes de octubre de 1990 que declaró fundada dicha acción en favor de Ernesto Rafael Castillo Páez por detención arbitraria y ordenó su inmediata libertad. No obstante haber obtenido ese fallo favorable, el señor Castillo Castillo acudió a la instancia internacional, pues la denuncia respectiva se presentó ante la Comisión el 16 de noviembre de 1990, antes de concluir la tramitación del hábeas corpus, pues la sentencia de primera instancia fue apelada ante la Octava Sala Penal, la cual confirmó la resolución impugnada el 27 de noviembre de dicho año, y ordenó que se remitiera copia certificada de todo lo actuado al Fiscal Provincial Penal de Turno con el objeto de que formulara la denuncia penal correspondiente contra el Director de la Policía Nacional y el Jefe de la Dirección contra el Terrorismo y que se individualizara a los responsables. Añade el Gobierno que con motivo de dicha sentencia de segundo grado, se instauró un proceso penal por abuso de autoridad contra los funcionarios mencionados ante el 14º Juzgado Penal de Lima, habiéndose ampliado dicho proceso contra efectivos policiales por delito de violencia y resistencia a la autoridad. Posteriormente la acción de hábeas corpus mencionada fue declarada improcedente por la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la República por graves irregularidades cometidas en primera instancia. De acuerdo con lo anterior, señala el Gobierno que la Comisión al admitir la denuncia y formular recomendaciones sobre la misma, infringió las disposiciones de la Convención y de su Reglamento relativas al agotamiento de los recursos internos, pues no había concluido la acción de hábeas corpus la que se encontraba en plena tramitación ante la Primera Sala Penal de la Corte Superior de Lima, tendiente a establecer el paradero del señor Ernesto Rafael Castillo Páez y determinar a los responsables de su presunta detención por efectivos policiales. Concluye Perú que el señor Castillo Castillo debió acudir ante el anterior Tribunal de Garantías Constitucionales, entonces en funcionamiento, para plantear el recurso de casación que procedía de acuerdo con las disposiciones constitucionales vigentes en esa época contra toda resolución denegatoria de la acción de hábeas corpus. b. La segunda excepción opuesta por Perú se refiere a la inadmisibilidad de la demanda de la Comisión ante este Tribunal, en virtud de que esta Corte no puede admitir una demanda originada en un caso irregularmente tramitado por la Comisión Interamericana, pues se acudió a esta última, no sólo sin haberse agotado los recursos internos, sino que, además, la denuncia se presentó no obstante que el afectado contaba con sentencias nacionales que tutelaban su derecho, y existía un proceso penal en trámite que se originó en la acción de hábeas corpus presentada en su beneficio. La Comisión no