El Estado haitiano depositó el instrumento de ratificación de la Convenció n Americana sobre Derechos
Humanos el 27 de septiembre de 1977 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte Interamericana el 3 de
marzo de 1998.
La Comisión ha designado al Comisionado Edgar Stuardo Ralón Orellana y al Secretario Ejecutivo Paulo
Abrão, como sus delegados. Asimismo, Marisol Blanchard Vera, Secretaria Ejecutiva Adjunta, Jorge Humberto
Meza Flores y Ania Salinas Cerda, especialistas de la Secretaría Ejecutiva de la CIDH, actuarán como sus
asesoras y asesor legales.
De conformidad con el artículo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, la Comisión adjunta
copia del Informe de Fondo No. 165/19 elaborado en observancia del artículo 50 de la Convención, así como
copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana (Apéndice I) y los anexos utilizados en la
elaboración del informe 165/19 (Anexos).
Dicho Informe de Fondo fue notificado el 19 de febrero de 2020, otorgándole un plazo de dos meses
para informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones. Dado que el Estado no informó respecto del
cumplimiento ni solicitó prórroga, la Comisión decidió, ante la necesidad de obtención de justicia para las
víctimas en el caso particular, someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana.
En ese sentido, la Comisión solicita a la Honorable Corte que concluya y declare que el Estado de Haití
es responsable por la violación de los derechos a la vida, integridad personal, del niño, libertad de circulación
y residencia, garantías judiciales y protección judicial, establecidos en los artículos 4.1, 5.1, 19, 22.1, 8.1, y 25.1
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con su artículo 1.1, en perjuicio de las
víctimas identificadas en el presente informe, y en los términos descritos a lo largo del mismo.
En consecuencia, la Comisión solicita a la Corte Interamericana que establezca las siguientes medidas
de reparación:
1.
Reparar integralmente y de conformidad con los niveles de compensación considerados
aceptables de acuerdo con los estándares internacionales, todas y cada una de las violaciones de
derechos humanos declaradas en el Informe de Fondo, tanto en el aspecto material como inmaterial,
incluyendo medidas de compensación económica y satisfacción.
2.
Disponer las medidas de atención en salud física y mental necesarias para la rehabilitación de
las víctimas del presente caso, de ser su voluntad y de manera concertada con éstas.
3.
Disponer las medidas necesarias para que se realice un diagnóstico efectivo sobre la situación
de riesgo de Baptiste Willer y su familia directa y, de ser el caso, se adopten las medidas de protección
que sean pertinentes de manera concertada con ellos.
4.
Proveer las condiciones de seguridad necesarias para facilitar, si así lo desean, el retorno
voluntario, digno y seguro de Baptiste Willer, su esposa Noëlzina Baptiste y sus tres hijos, Baptiste
Costaguinov, Baptiste Wilderson y Baptiste Noë-Willo, a su lugar de residencia habitual o su
reasentamiento voluntario en otra parte del país, garantizando su participación plena en la
planificación y gestión de su regreso o reintegración.
5.
Emprender una investigación penal exhaustiva, de manera diligente, efectiva y dentro de un
plazo razonable con el objeto de esclarecer los hechos en forma completa, identificar todas las posibles
responsabilidades e imponer las sanciones que correspondan respecto de las violaciones de derechos
humanos reconocidas en el Informe de Fondo.
6.
Disponer las medidas necesarias para evitar la repetición de las violaciones de derechos
humanos declaradas en el Informe de Fondo. En particular, el Estado debe contar con un programa de
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