INFORME Nº 24/06 1
PETICIÓN 10.720
ADMISIBILIDAD
MASACRE EL MOZOTE
EL SALVADOR
2 de marzo de 2006
I.

RESUMEN

1. El 30 de octubre de 1990, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en adelante
"la Comisión Interamericana" o "la CIDH") recibió una denuncia presentada por la Oficina de
Tutela legal del Arzobispado de San Salvador (en adelante "los peticionarios"), en la que se
alegó la responsabilidad internacional de la República de El Salvador ("el Estado") por
violaciones a los derechos humanos de 765 personas (en adelante "las presuntas víctimas"),
ejecutadas extrajudicialmente durante un operativo militar presuntamente realizado por las
Fuerzas Armadas de El Salvador en los cantones de La Joya y Cerro Pando y los caseríos de El
Mozote, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles en el mes de diciembre de 1981. Los
peticionarios alegaron que los hechos denunciados configuran la violación de varios derechos
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos ("la Convención
Americana"): vida (artículo 4), integridad personal (artículo 5), libertad personal (artículo 7)
garantías judiciales (artículo 8), protección de la honra y dignidad (artículo 11); derechos del
niño (artículo 19); propiedad privada (artículo 21); y protección judicial (artículo 25), todo ello
en violación del deber general de respetar y garantizar los derechos (artículo 1.1).
2. Con relación a la admisibilidad del reclamo, los peticionarios alegaron que en el presente
caso hay excepciones para el previo agotamiento de los recursos de la jurisdicción interna,
tanto por el clima de violencia vivido al momento en que se cometió la masacre, como por la
conducta de las autoridades en la investigación del caso. En respuesta, el Estado salvadoreño
solicitó que se declarase inadmisible la denuncia dado que no cumplía con lo establecido en el
artículo 46.1.a de la Convención Americana. El Estado argumentó en su favor que los
peticionarios no hicieron uso adecuado de los recursos de la jurisdicción interna, habiendo
tenido a su disposición la posibilidad de apelar el sobreseimiento definitivo dictado por el Juez
de la causa el 4 de septiembre de 1994.
3. Tras analizar las posiciones de las partes, la Comisión concluye que es competente para
decidir sobre el reclamo presentado por los peticionarios, y que el caso es admisible, a la luz
del artículo 46 de la Convención Americana. En consecuencia, la Comisión decide notificar su
decisión a las partes, continuar el análisis de fondo relativo a las supuestas violaciones de la
Convención Americana, publicar el presente Informe de Admisibilidad e incluirlo en su Informe
Anual para la Asamblea General de la OEA.
II.

TRÁMITE ANTE LA COMISIÓN

4. El 30 de octubre de 1990, la Comisión recibió una denuncia presentada por la Oficina de
Tutela legal del Arzobispado de San Salvador a la cual se le asignó el número 10.720. El 9 de
noviembre de 1990, la CIDH transmitió la denuncia al Gobierno de El Salvador, solicitándole
presentar su contestación dentro del plazo de 90 días. El 28 de enero de 1992, la CIDH reiteró
al Estado la solicitud de información realizada en noviembre de 1990. El 24 de abril de 1992,
los peticionarios presentaron información adicional. El 28 de mayo de 1992, el Estado presentó
sus observaciones a la petición. El 3 de junio de 1992, la CIDH trasladó a los peticionarios la
información del Estado. El 27 de agosto de 1992, la Comisión reiteró a los peticionarios la
solicitud de información realizada en junio del mismo año. El 27 de septiembre y el 8 de
octubre de 1993, el Estado presentó información adicional respecto del estado del proceso
penal interno.

1 El Comisionado Florentín Meléndez, de nacionalidad salvadoreña, no participó en la discusión y decisión de este
informe, conforme al artículo 17.2.a del Reglamento de la CIDH.
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