términos la política pública sanitaria que éste ejecuta, no está a la altura de su
compromiso de progresividad y no regresividad en los términos del artículo 26.
58. Este modo de proceder afecta la seguridad jurídica que debe garantizar un tribunal
internacional y la legitimidad de sus decisiones, puesto que la argumentación que se
brinda simplemente ignora una norma que expresamente limita la competencia a la
Corte para conocer de eventuales vulneraciones de los DESCA.
59. Lo propio de la fundamentación de una sentencia judicial es que los argumentos
contenidos en ella permitan al lector reproducir y comprender el razonamiento que ha
empleado el Tribunal para arribar a una decisión en concreto. La determinación de
sostener la justiciabilidad de un DESCA no puede construirse sobre la base de ignorar lo
establecido por el Protocolo de San Salvador, del cual Bolivia es además Estado parte.
60. Cabe recordar que lo que hace el artículo 19 es definir dos tipos de mecanismos
de protección. Uno general -aplicable a todos los derechos reconocidos en el Protocoloque consiste en el examen, observaciones y recomendaciones que distintos organismos
del Sistema Interamericano pueden formular respecto de los informes que deben
presentar los Estados acerca del desarrollo progresivo de los DESCA. Y otro, –previsto
únicamente respecto de los derechos de organización y afiliación sindical y del derecho
a la educación– que hace factible que una eventual violación a los mismos pueda ser
conocida por la Corte.
61. Lamentablemente y como han expresado Medina y David, “la posición de la
mayoría socava la efectividad no solo del Protocolo de San Salvador sino del propio
artículo 26” 35, disposición convencional que tiene un contenido específico que la Corte
puede y debe desarrollar en los casos que le corresponda conocer.
62. De la lectura del artículo 26 esta se advierte que, a diferencia de lo que acontece
a propósito de los derechos civiles y políticos especificados y desarrollados en el Capítulo
II de la Convención, en él se establece una obligación para los Estados parte en el sentido
de adoptar las “providencias” es decir las acciones, medidas o políticas públicas
necesarias para lograr “progresivamente” la plena efectividad de los derechos derivados
de normas de la Carta de la OEA, en la “medida de los recursos disponibles” (lo que es
congruente con el carácter progresivo de la obligación) y por “vía legislativa u otros
medios apropiados”. En otros términos, cada Estado parte tiene la obligación de ir
formulando definiciones y avanzando decididamente en estas materias, de acuerdo con
sus procedimientos deliberativos internos.
63. Reitero que afirmar la ausencia de justiciabilidad directa de los DESCA ante la Corte
no implica desconocer la existencia, la enorme importancia de tales derechos, el carácter
interdependiente e indivisible que estos tienen respecto de los derechos civiles y políticos
ni tampoco que carezcan de protección o que no deban ser protegidos. Es por cierto
deber de los Estados permitir que la autonomía de las personas se actualice, lo cual
implica que estas puedan contar con acceso a bienes primarios (más amplios que los
definidos en el ámbito de la filosofía política por John Rawls) 36, que hagan posible el
desarrollo de sus capacidades, esto es, acceder a derechos económicos, sociales y
culturales. 37
64. Lo expresado no debe llevar a confundir los repertorios normativos de que
disponen los tribunales nacionales y un tribunal internacional como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. No hay ninguna norma del Tratado (integrado
MEDINA y DAVID,”The American Convention on Human Rights” (2022:28). La traducción es propia.
Para RAWLS los bienes primarios son un conjunto de bienes necesarios “para la elaboración y para la
ejecución de un proyecto racional de vida”, como la libertad, las oportunidades, los ingresos, la riqueza y
el respeto propio, “Teoría de la Justicia” (1995:393).
37
PÉREZ GOLDBERG, “Las mujeres privadas de libertad y el enfoque de capacidades” (2021:94-109).
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36
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