7.
Los peticionarios presentaron una comunicación con observaciones de admisibilidad y
fondo el 11 de febrero de 2003. La Comisión solicitó al Estado que, de acuerdo a lo establecido en su artículo
38.1 de su Reglamento, presente sus observaciones sobre el fondo dentro de un plazo de dos meses. El Estado
presentó sus observaciones el 24 de mayo de 2004. Posteriormente, los peticionarios presentaron
comunicaciones el 24 de agosto de 2004, 28 de abril de 2005 y 20 de julio de 2005. Por su parte, el Estado
presentó comunicaciones el 27 de julio de 2004, 10 de noviembre de 2004 y 19 de octubre de 2005.

8.
El 12 de abril de 2007 la Comisión envió una comunicación a las partes informando sobre su
decisión, conforme al artículo 41.1 de su Reglamento vigente en esa época, de ponerse a disposición de las
partes a efectos de alcanzar una solución amistosa. El 3 de abril de 2008 los peticionarios enviaron una
comunicación aceptando la propuesta de la CIDH para iniciar un proceso de solución amistosa. Por su parte,
el 2 de mayo de 2008 el Estado envió una comunicación indicando que estaba a la espera de una propuesta de
solución amistosa de los peticionarios.

9.
Con posterioridad a dicha comunicación, la CIDH recibió diversas comunicaciones de las
partes, las cuales fueron debidamente trasladadas.

10.
El 28 de julio de 2015 los peticionarios informaron a la CIDH que renunciaban a continuar en
una etapa de solución amistosa “al no recibir en ningún momento del proceso una propuesta concreta”. El 9
de noviembre de 2015 la Comisión envió una comunicación a las partes indicando que dio por concluida su
intervención en el procedimiento de solución amistosa y que decidió proseguir con el trámite del caso.

11.
El 17 de mayo de 2016 la CIDH envió una comunicación a los peticionarios solicitando una
lista de los familiares individualizados de las presuntas víctimas. La lista presentada por los peticionarios fue
trasladada por la CIDH al Estado. El 6 de junio de 2016 el Estado envió una comunicación a la Comisión
indicando que no tenía observaciones a la lista presentada por los peticionarios e indicó que “viene
sosteniendo reuniones con los representantes de las víctimas a efectos de lograr una posible solución
amistosa”. La CIDH considera que, en vista de la comunicación enviada a las partes el 9 de noviembre de
2015, dio por concluido su intervención en el procedimiento de solución amistosa por lo que decidió
proseguir con el trámite del caso.
III.

POSICIÓN DE LAS PARTES

A.

Posición de los peticionarios

12.
Los peticionarios alegaron la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala por la
ejecución extrajudicial de once personas, incluyendo a tres niños, y las lesiones causadas a veintinueve
personas. Alegaron que estos hechos fueron causados por militares de las Fuerzas Armadas de Guatemala el 5
de octubre de 1995. Indicaron que estos hechos no han sido controvertidos por el Estado y que la Comisión
de Esclarecimiento Histórico lo incluyó dentro de su informe como “la Masacre de Xamán”.

13.
Los peticionarios explicaron que estas personas vivían en la comunidad ‘Aurora 8 de
Octubre’, creada en 1994 y ubicada en la finca de Xamán, departamento de Alta Verapaz. Informaron que la
comunidad estaba conformada por unas 90 familias indígenas que previamente se encontraban refugiadas en
México, producto del conflicto armado en Guatemala, y otras 50 familias que ya vivían en el lugar. Sostuvieron
que las personas que regresaron a vivir a dicha comunidad habían sobrevivido a las masacres ocurridas en
sus aldeas de origen durante la década de 1980 durante el conflicto armado en Guatemala.
14.
En cuanto a la admisibilidad del caso, los peticionarios indicaron en sus primeras
comunicaciones que debía aplicarse la excepción al agotamiento de recursos internos. Ello debido a que la
investigación por los hechos del caso fue llevada a la jurisdicción penal militar, lo cual contraviene lo
establecido por la Convención Americana. Posteriormente, luego de que el caso fue transferido a la
jurisdicción ordinaria en 1996, los peticionarios identificaron distintas irregularidades, falencias y omisiones
en la investigación, e indicaron que el plazo del proceso no era razonable. Finalmente, alegaron que los
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