6 f) la Dirección Seccional de Fiscalías de Quibdó señaló que las veintiocho investigaciones involucran a víctimas que pertenecen a las comunidades del Jiguamiandó y del Curbaradó; g) se abrió la investigación sobre el homicidio de Cristóbal Romaña y el Fiscal que conoce la causa ha ordenado la práctica de varias pruebas, entre las cuales se encuentran diligencias de declaración juramentada; exhumación de cadáver; estudio de genética a los restos óseos, el cual resultó positivo en ADN. La investigación se encuentra en etapa preliminar; h) la investigación respecto de la muerte de Carlos Salinas Becerra se encuentra en etapa previa; i) a raíz de la desaparición del señor Orlando Valencia, la Defensoría Seccional de Urabá se trasladó al lugar de los hechos, el Ministerio del Interior y de Justicia conformó de forma inmediata una comisión de verificación y acompañamiento que se trasladó a la zona de Belén de Bajirá, Jiguamiandó y Curbaradó. Se conformó además una comisión para la investigación del caso. En el momento de emisión del informe se encontraban pendientes los resultados del estudio de pulpejos, carta dental y práctica de ADN en uno de los huesos del cadáver para su identificación, y j) la Procuraduría General de la Nación informó que existen once investigaciones disciplinarias relacionadas con hechos en los que han sido víctimas los miembros de las Comunidades del Jiguaminadó y del Curbaradó. 20. El escrito de los representantes recibido el 4 de febrero de 2006 en el cual indicaron, inter alia, que: a) el 24 de enero de 2006 el señor Alfonso Ibáñez, beneficiario de las presentes medidas y habitante de la zona humanitaria de Nueva Esperanza fue supuestamente asesinado por integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los representantes indicaron que el señor Ibáñez “testimonió a instituciones estatales […] la apropiación ilegal de su propiedad, el desarrollo de la siembra de palma [africana] dentro del Territorio Colectivo y [la] interacción [de la cuestión de la siembra] con la estrategia paramilitar”; b) grupos paramilitares continúan operando en la región, con la tolerancia de las autoridades locales militares y policiales, principalmente en los sembrados de palma africana y en las entradas de las Comunidades protegidas que viven en los poblados de Belén de Bajirá, Pavarandó y Barranquillita. Tal situación de violencia ha llevado a que las Comunidades se encuentren en una situación de aislamiento, lo que imposibilita su libre acceso a los centros de salud, educación y mercadeo; c) las Comunidades se niegan a aceptar que la atención humanitaria a ser prestada por el Estado sea acompañada de la militarización de su propiedad privada y lugar humanitario. Las fuerzas militares deben hacer presencia en el territorio colectivo; sin embargo, deben respetar los lugares privados de los miembros de la Comunidad, tales como los de siembra de trigo y las zonas de reserva de la biodiversidad; d) se desconoce cuáles son las 300 familias que han regresado al Curbaradó y a quienes se ha hecho entrega de alimentos para su regreso. Las Comunidades afrodescendientes del Jiguamiandó y Curbaradó que habitan en las zonas humanitarias no han sido beneficiarias de las acciones realizadas por el Estado. Hasta la fecha Colombia no ha prestado atención humanitaria integral de manera coordinada con las Comunidades, que cubra los aspectos de alimentación, techo, salud y educación; e) el Estado ocupó militarmente la propiedad privada de la zona humanitaria, y el 9 de diciembre de 2005 realizó una Jornada Interinstitucional de atención humanitaria con la participación de los miembros de la Brigada XVII del Ejército, hecho que fue interpretado por las Comunidades como “un acto de violación de los espacios humanitarios y causal de riesgo para las mismas, ya que dicha jornada no [había sido] concertada con las Comunidades”;