INFORME Nº 65/05
PETICIÓN 777-01
ADMISIBILIDAD
ROSENDO RADILLA PACHECO
MÉXICO
12 de octubre de 2005

I.

RESUMEN

1. El 15 de noviembre de 2001, Tita Radilla Martínez, vicepresidenta de la Asociación
de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas de Violaciones a los Derechos
Humanos en México (“AFADEM”) y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de
los Derechos Humanos, A.C. (“CMDPDH”) (en adelante, conjuntamente, “los
peticionarios”) presentaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (en
adelante, “la Comisión” o “la CIDH”) contra la Republica de México (en adelante, “el
Estado”), en cual se alegan violaciones a los siguientes derechos protegidos por la
Convención Americana de Derechos Humanos (en adelante, “la Convención” o la
“Convención Americana) derecho a la vida (4), derecho a la integridad personal
(artículo 5); derecho a la libertad personal (artículo 7); garantías judiciales (artículo
8); protección judicial (artículo 25); conjuntamente con la violación de las obligaciones
dispuestas en el artículo 1(1) en perjuicio de Rosendo Radilla Pacheco. Asimismo, los
peticionarios denunciaron1 la violación de los artículos I, II, IX, XI, y XIX de la
Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas 2.
2. Según Las alegaciones efectuadas por los peticionarios sustentan que en fecha 25
de agosto de 1974 el señor Rosendo Radilla Pacheco, a la edad de 60 años de edad
habría sido detenido en un retén militar instalado a la entrada de la colonia
Cuauhtémoc, Municipio de Atoyac de Álvarez, Estado de Guerrero, y que desde esa
fecha se encuentra desaparecido. Los peticionarios señalan que esta situación hace
referencia a una violación continuada debido a que la situación subsiste hasta el día de
hoy por la falta de determinación del paradero de la presunta víctima, y de la
identificación y sanción de los supuestos responsables de dichos hechos. Asimismo, los
peticionarios alegan la responsabilidad internacional del Estado mexicano por la
denegación de justicia sufrida por los familiares de la presunta víctima, a partir de los
hechos que siguieron a la presunta desaparición. De esta forma, los peticionarios
alegan que los hechos denunciados configuran la violación de la Convención Americana
sobre Derechos Humanos (en adelante “Convención Americana”), así como también de
la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Por su parte, el
Estado señala que en la presente petición no fueron agotados los recursos de
jurisdicción interna.
3. Sin prejuzgar sobre el fondo del asunto, la CIDH concluye en este informe que el
caso es admisible, ya que reúne los requisitos previstos en los artículos 46 y 47 de la
Convención Americana; y que es competente para conocer y decidir sobre el fondo de
la cuestión. En consecuencia, la Comisión Interamericana decide notificar la decisión de
las partes y continuar con el análisis de fondo relativo a la supuesta violación de los
artículos 4, 5, 7, 8, 25, en conexión con el artículo 1(1) del instrumento internacional
citado; y de los artículos II, III de la Convención Interamericana sobre Desaparición
1 Comunicación de 18 de junio de 2002.
2 La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas entró en vigor el 28 de marzo de
1996. México depositó el instrumento de ratificación el 9 de abril de 2002.

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