de organizar un Grupo Técnico (cuyo objetivo sería elaborar una propuesta de entrega de tierras que serviría de base para el inicio del diálogo entre las comunidades indígenas y las familias criollas que históricamente han vivido en los lotes fiscales Nº 14 y 55), y una Mesa Ampliada de negociación (integrada por órganos del Estado nacional, provincial, los peticionarios y representantes de las familias criollas con sus respectivos asesores), e informó sobre varios estudios efectuados por el primero, y el diálogo entablado en el segundo entre los miembros de la Asociación Lhaka Honhat y la población criolla sobre la situación en la zona. 56. Con motivo de la audiencia celebrada en la sede de la Comisión el 2 de marzo de 2005, el Fiscal de Estado de la Provincia de Salta señaló que la realidad humana en la zona donde se plantea el cuestionamiento de los peticionarios existe una convivencia larga e ininterrumpida que data de más de 100 años, entre los habitantes aborígenes y los grupos criollos denominados "chaqueños", por lo que con el mestizaje sobreviviente quedaba desactualizados los criterios de pureza étnica y la posibilidad de discriminar, en cualquier sentido. Igualmente, alegó que la demora en el presente caso tenía un alto costo humano ya que limitaba y posponía la ejecución de obras públicas indispensables para evitar que se agraven aún más las condiciones de pobreza estructural de la región. Por los motivos anteriores, el Gobierno de Salta había elaborado una propuesta de solución amistosa, y tenía la intención de que fuera sometida a consideración de los habitantes de la zona a través del mecanismo de consulta popular, ya que la opinión del pueblo constituiría a su parecer, un dato insoslayable dentro de un régimen democrático. Esta propuesta de distribución de tierras fue entregada al Estado Nacional, a los peticionarios y a la CIDH en el transcurso de la audiencia. En consecuencia, tanto el Estado Nacional como los peticionarios se comprometieron a comunicar al Gobierno de la Provincia de Salta en el plazo de 30 días, su posición respecto de la propuesta presentada. 57. El 12 de abril de 2005, el Fiscal de Estado de la Provincia de Salta informó al Estado Nacional que, dado que no se había recibido ninguna respuesta respecto de su propuesta de distribución de tierras, el Poder Ejecutivo Provincial había resuelto en esa fecha realizar una "consulta popular" respecto de las medidas a adoptar en la zona donde se realizaron las reclamaciones de Lhaka Honhat, por lo que habían remitido a la Legislatura el proyecto de ley de referéndum. Según la Provincia de Salta, solamente después de realizado el referéndum podría abrirse nuevamente el diálogo. 58. Finalmente, el 11 de julio de 2005, el Estado argentino señaló que dado que los peticionarios no habían presentado observaciones concretas respecto de la propuesta entregada por la Provincia de Salta, no tenía objeciones en acompañar la propuesta del Gobierno de la Provincia de Salta en sede internacional, sin perjuicio de los detalles y especificaciones que, en el ámbito de 16