2 (Derecho a la Integridad Personal), 7 (Derecho a la Libertad Personal), 8 (Garantías Judiciales), 13 (Libertad de Pensamiento y de Expresión) y 25 (Protección Judicial), todos ellos en conexión con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la Convención Americana, y los artículos 1, 6 y 8 de la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (en adelante “la Convención Interamericana contra la Tortura”) en perjuicio de Maritza Ninette Urrutia García (en adelante “la presunta víctima” o “Maritza Urrutia”), en razón de la supuesta detención arbitraria y tortura de la que fue víctima al permanecer retenida en un centro clandestino de detención durante ocho días y ser obligada a emitir a la opinión pública un comunicado previamente preparado por sus captores. 3. Asimismo, la Comisión solicitó a la Corte que ordenara al Estado adoptar todas las reparaciones pecuniarias y no pecuniarias indicadas en la demanda por las violaciones cometidas en perjuicio de Maritza Urrutia y sus familiares. Por último, solicitó que la Corte Interamericana ordenara al Estado el pago de las costas originadas en la tramitación del caso a nivel internacional, ante los órganos del sistema interamericano de protección de derechos humanos. II COMPETENCIA 4. Guatemala es Estado Parte en la Convención Americana desde el 25 de mayo de 1978 y reconoció la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987. Por lo tanto, la Corte es competente para conocer del presente caso en los términos de los artículos 62 y 63.1 de la Convención. Guatemala es, además, Estado Parte en la Convención Interamericana contra la Tortura desde el 29 de enero de 1987. III PROCEDIMIENTO ANTE LA COMISIÓN 5. El 27 de julio de 1992 el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (en adelante “CALDH”) presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana. El 28 de julio de 1992 la Comisión abrió el caso Nº 11.043 y transmitió las partes pertinentes de dicha denuncia al Estado, solicitándole que suministrara información sobre los hechos dentro de un plazo de 90 días. 6. El 9 de agosto de 2000 el Presidente de la República de Guatemala, doctor Alfonso Portillo, en el marco del proceso de solución amistosa de varios casos que se encontraban en trámite ante la Comisión, reconoció la “responsabilidad institucional” del Estado guatemalteco en el caso Maritza Urrutia. A su vez, aceptó los hechos que motivaron la denuncia ante la Comisión Interamericana, indicando que se iniciaría un proceso de solución amistosa. No obstante lo anterior, las gestiones encaminadas a lograr un arreglo amistoso fracasaron y el 2 de marzo de 2001, durante la audiencia pública celebrada en este caso, los peticionarios solicitaron a la Comisión que se pronunciara sobre el fondo del asunto. 7. El 1º de octubre de 2001, tras analizar las posiciones de las partes y considerando concluida la etapa de la solución amistosa, la Comisión aprobó el Informe de fondo Nº 71/01, que en su parte dispositiva recomendó: 1. Llevar a cabo una investigación de manera completa, imparcial y efectiva de los hechos denunciados a fin de juzgar y sancionar a los autores de